Desconfianza y crecimiento
El Gobierno tiene más difícil recuperar la confianza ciudadana que la de los mercados
Ya está comprobado que la desconfianza de los mercados impide el crecimiento, al generar escasez y carestía de la financiación tanto para las Administraciones públicas como para las empresas. Ahora, cuando el último acuerdo en el seno de la Unión Europea da un respiro en los mercados, únicamente basado en la esperanza de que haya financiación para sanear el sistema financiero, es el Gobierno el que está obligado a actuar para no perder ese punto de apoyo y generar credibilidad. En la UE se ha firmado el plan por el crecimiento y el empleo. Suena muy bien, ya que los 120.000 millones de euros acordados deben dirigirse a inversiones, preferentemente en los países más “vulnerables”. Y parece que España ahora sí es vulnerable.
Mientras se gestionan las condiciones concretas de lo que parece que va a ser una línea de crédito directa a los bancos que lo necesiten, de momento y como nos tienen acostumbrados, se anuncian algunas medidas que deberían ponerse en marcha sin dilación. Desde la UE se exigen algunas contrapartidas, todas en la dirección de reducir el déficit como son el aumento del IVA y la eliminación de la deducción por vivienda, pero se deja a la actuación del Gobierno la responsabilidad de conseguir los objetivos. El Gobierno deberá actuar en dos frentes: la reducción del déficit y el impulso del crecimiento. Para conseguir esta difícil tarea no solo necesita mejorar la credibilidad de los mercados sino también la confianza de los ciudadanos, y en este punto es donde lo tiene más difícil.
En general, los ciudadanos, acosados por la crisis, están cansados de que siempre recaigan los ajustes fiscales sobre las clases medias y no digamos los recortes de sanidad y educación que recaen más sobre los más débiles. Esperan respuestas más contundentes sobre las responsabilidades de los políticos en los derroches realizados, sobre las responsabilidades de gestores (designados por los políticos) en la mala gestión de las cajas, ahora bancos, que nos lleva a esta situación y, por último, sobre las responsabilidades de aquellos que han cometido malversación de fondos públicos y donde la prioridad debería ser recuperar el dinero sustraído. Tampoco entienden que tras una mala gestión, se puedan cobrar indemnizaciones millonarias por mucho que se disponga de contratos blindados.
El Gobierno ya está anunciando nuevos esfuerzos. Además del inevitable aumento del IVA, se anuncia una posible reducción de los salarios de los funcionarios (por tener asegurado el empleo) pero ¿qué pasa con los políticos? También tienen asegurado el empleo, aunque sea temporal, y gozan de privilegios (impuestos, pensiones, viajes) diferentes y mejores que el resto de trabajadores públicos y privados. La mayor exigencia de la UE y del Fondo Monetario Internacional (FMI) es la reducción del gasto público, pero parece que siempre recae sobre los mismos y algunos se libran de ello.
Hay algunas cosas que los ciudadanos no entienden: en las redes se dice que tenemos más políticos que ningún otro país de la UE. ¿De verdad necesitamos tantos representantes del pueblo para un poder legislativo que cada vez está más dirigido desde Bruselas? Cuando se están produciendo expedientes de regulación de empleo (ERE) en casi todos los sectores productivos del país, incluso en empresas con beneficios, provocando el consiguiente aumento del paro, una buena forma de reducir los gastos de las Administraciones públicas sería hacer un ERE entre los políticos y reducir así una buena partida del gasto en sueldos, dietas y otros gastos. Y si hablamos de las CC AA ¿cómo es posible que algunos presidentes ganen más que el presidente del Gobierno y que sus directivos y funcionarios ganen también más que los del Estado? A más medio plazo será necesario repensar la organización administrativa de España, pero de momento los dirigentes políticos deberían corregir y / o evitar la aplicación de normas que les favorecen a ellos mismos.
Los ciudadanos tampoco entienden por qué se tienen que recortar gastos en pensiones, aumentando la edad de jubilación y sin embargo se les otorga privilegios a los políticos con escasos años de servicio al Parlamento. Deberían ser tratados como el resto de los trabajadores y que la dedicación al sector público sea una parte más de su dedicación laboral. Pero la explicación está clara. Ellos aprueban las leyes y en eso sí se ponen de acuerdo los diferentes partidos políticos.
Tampoco entienden los ciudadanos por qué algunas instituciones como los partidos políticos, sindicatos y algunas fundaciones de dudoso cometido, tienen que recibir subvenciones y no buscan sus propias fuentes de financiación. Para ello, habría que cambiar algunas leyes como la ley electoral y la financiación de los partidos políticos. A algunos les parece mal que haya lobbies al estilo americano que con transparencia financian al partido que les interesa, pero no les parece mal que reciban préstamos sin interés (que además no siempre pagan) de bancos y cajas.
Por último, para impulsar el crecimiento, es necesario terminar con la reforma financiera y negociar bien las condiciones del préstamo con la UE para que de una vez comience a haber financiación para el sector privado. Para incentivar la creación de empresas, especialmente las pymes que son las que pueden crear empleo, una sugerencia ya antigua es que al subir el IVA se reduzcan las cotizaciones sociales y poner en marcha de verdad la ventanilla única que facilite la creación de empresas. Por último, aprovechar la oportunidad de inversión que ofrece el nuevo plan de crecimiento y empleo de la UE generando proyectos con dicha financiación.
