El vacío de poder acerca la cooperativa de L'Aldea a su liquidación

Este lunes por la noche, el núcleo duro de los impositores que debían liderar y apostar por su continuidad ha presentado su renuncia, y la sensación entre la mayoría de afectados por el concurso de acreedores que presentó la sección de crédito de la entidad es que los 4,7 millones de ahorros entrampados están perdidos.

En una asamblea que ha tenido lugar en el ayuntamiento ante un escaso centenar de impositores, el hasta ahora cabeza visible de los afectados, Jordi Gas, ha explicado los motivos de su renuncia, ya conocidos.

Por una parte, el goteo de información que apunta a una situación de la entidad mucho más difícil de lo que cabía pensar en un inicio, sobre todo después de que el informe del administrador concursal apuntase que los activos de la entidad están valorados en 5,93 millones de euros, siempre que se mantenga la actividad, y no en 8,5 como aseguraba la actual junta rectora.

Luego, el hecho de que esta misma junta no haya presentado ni aprobado todavía las cuentas del 2011 y, por último, la falta de apoyo económico por parte de la Generalitat.

"Somos un grupo de gente que se presentó para apostar por la continuidad de la cooperativa", ha explicado Gas ante los afectados, "pero a medida que hemos ido conociendo la información real la situación se ha hecho más difícil".

En este sentido, el portavoz de los afectados ha criticado duramente a la Generalitat.

"Habíamos contactado con agricultores, con empresas conserveras de Murcia y con invernaderos de Almería. Pero no nos podemos arriesgar a involucrar gente sin tener como mínimo un millón de euros de líquido para poder pagar", ha manifestado.

"Sabemos que aquí hay cosas que no se han hecho bien. Ha fallado el control y la gestión por parte de la cooperativa, pero también ha fallado la Generalitat en el control y la fiscalización", ha continuado Gas, que ha cargado contra el Govern.

"La Generalitat nunca nos ha ofrecido nada, nos han insistido en coger la dirección de la cooperativa a cambio de nada. Sabemos que la cooperativa es una empresa privada, pero el Govern ha ayudado a estaciones de esquí en concurso de acreedores como Boí Taüll y Port Ainé y también ha destinado en tres años 8 millones de euros al grupo Godó. Nosotros no podemos ser menos", ha lamentado.

Gas ha dejado claro que aunque él y otros cuatro miembros que tenían que formar parte de la nueva dirección de la cooperativa tiren la toalla, seguirán "apoyando a los afectados en todas sus reivindicaciones".

Y ha insistido en continuar "haciendo manifestaciones", pero ahora buscando otros cabezas de turco, como Bankia o la Generalitat.

Así, se ha propuesto, sin determinar fecha, plantear una manifestación de los afectados ante la delegación del Govern en Tortosa, o también frente a alguna sede de Bankia.

Aunque la ley obligue a la actual junta rectora a permanecer en el cargo contra su voluntad, lo que ha quedado manifiesto hoy es una falta de liderazgo entre los impositores que acerca la cooperativa, cada vez más, a su liquidación, con las correspondientes pérdidas, que se determinarían a partir de la venta de los activos y la negociación de las quitas con los bancos y acreedores, que tendrían que afrontar los impositores, ahora con 4,7 millones de euros en depósitos entrampados.

Así, Gas ha reconocido que "si no sale un nuevo líder existe la posibilidad de la liquidación".

Por su parte, el alcalde de L'Aldea, Dani Andreu (ERC), ha asegurado que "los impositores han estado solos" y que "la Generalitat tiene que hacer un paso de apoyo tangible para que una nueva dirección se vea con fuerzas de tirar adelante".

En cuanto al evidente empeoramiento de la situación, Andreu ha subrayado que "se tienen que agotar todas las posibilidades mientras haya esperanza, aunque no podemos tirarnos a una piscina vacía. Si hay solución, tiene que pasar por una nueva dirección".

Por su parte, los afectados, aunque permanecen indignados contra aquellos que les han llevado a esta situación, han perdido casi cualquier esperanza de recuperar todos sus ahorros.

"No hay solución. O pedimos responsabilidades o cerramos la cooperativa. Si no lo hacemos, la bola en unos meses será mucho mayor y puede darse la situación de que tengamos que poner dinero todos los socios para pagar las deudas", ha recordado un afectado entre el público.

Otros han lamentado la escasa repercusión y afluencia a las dos manifestaciones que se han convocado, e incluso han culpado a los medios de comunicación de no haber dedicado suficiente espacio al tema.

De entre los afectados también ha habido un sector favorable a endurecer las manifestaciones e incluso realizarlas en Soldebre, la cooperativa de referencia en estos momentos en las Tierras del Ebro, también con sección de crédito.

"Aunque lo parezca, desde la Generalitat no están tranquilos, saben que peligra el sistema cooperativo de las Tierras del Ebro. También está en juego el principal sector económico de L'Aldea, la agricultura, esto no les puede ser indiferente", ha concluido Gas.