El fiscal general del Estado estudia la vía penal en el caso de las preferentes

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha revelado este viernes que "se está estudiando caso a caso todas las emisiones —de preferentes— y no descartamos abrir procesos penales". Según ha recordado, la mayor parte de ellas están centradas en las emisiones realizadas en Galicia, donde ya hay varios procesos abiertos, "pero también las de Sevilla, donde la Fiscalía se ha adelantado aunque no hubiera denuncias". Además, ha revelado que "la presión de la Fiscalía está obligando a las entidades a realizar algún tipo de movimientos".

Torres-Dulce ha respondido así a un grupo de afectados con pancartas reclamando un trato justo por las emisiones de participaciones preferentes del BBVA concentrado en el exterior del Palacio de la Magdalena, en Santander, donde el fiscal general ha acudido a un acto. 

En junio, el fiscal general afirmó que hasta ese momento, no habían encontrado margen para que los afectados por las participaciones preferentes pudiesen recurrir a la vía penal, pero sí señaló que se podría optar por la vía civil "a través de la legislación de consumo".

En Galicia, donde han surgido un gran número de casos, la Fiscalía General de la comunidad está preparando una demanda civil colectiva de cientos de afectados así como iniciativas individuales por casos concretos. Según explicó en su día el fiscal superior Carlos Varela, la demanda civil puede convertirse en una de las acciones judiciales más numerosas en materia de consumo en Galicia, ya que ha recibido cerca de 400 casos procedentes de reclamaciones al Instituto Galego de Consumo y un centenar remitidos por la Fiscalía de Pontevedra.

En cuanto a los asuntos que pueden ir por lo penal, algunas de las entidades que hoy forma Novagalicia trasvasó dinero de un depósito o de una cuenta convencional a la compra de preferentes sin "consentimiento del propio interesado". Esa información, en opinión de Varela, se ha desviado "por la vía penal" ya que "pueden ser evaluados como un delito de estafa". "Son asuntos que se ventilan entre un concreto cliente y una concreta entidad y hay que verlos individualmente", justificó.