Directivos fuera de control y políticos dóciles dinamitaron la caja gallega

Directivos que se creían los dueños, consejeros que cobraban dietas y no hacían preguntas, medios de comunicación cautivos por los ingresos publicitarios, políticos que miraban para otro lado. Mézclese todo eso con una buena cantidad de ambición, añádase falta de transparencia, una formidable burbuja inmobiliaria y se tendrá como resultado una caja nacionalizada. El guion lo escribieron Caixa Galicia y Caixanova, fusionadas en diciembre de 2010 en Novacaixagalicia (NCG). Lo hicieron tras un informe encargado por la Xunta que, lejos de demostrar que en el mundo financiero uno más uno puede ser igual a cero, aseguraba la solvencia y viabilidad de la caja única gallega.

La escasa documentación que ofreció el Gobierno autónomo afirmaba que la nueva entidad iba a generar un beneficio bruto de 2.671 millones entre 2010 y 2015. Gracias a ello Hacienda podría recaudar 655 millones como impuesto de sociedades y otros 300 sufragarían la obra social. La quinta caja del país, con activos de 70.000 millones de euros, estaría en disposición de devolver al Banco de España el préstamo que necesitó como primera inyección del FROB, de 1.162 millones, "con los intereses correspondientes". En 2013 se habrían amortizado todos los sobrecostes, cifrados en 485 millones.

La escasa documentación que ofreció en 2010 el Gobierno autónomo afirmaba que la nueva entidad generararía un beneficio de 2.671 millones entre 2010 y 2015

Lástima que la vida real no se parezca a los power point. Tras la fusión llegaron los decretos de recapitalización del Gobierno de Zapatero, muy protestados desde la Xunta, y NCG volvió a necesitar una ración doble de oxígeno (otros 2.465 millones del FROB) para soportar el enorme peso del ladrillo en su balance. Era la herencia perversa de unas cajas que durante años se habían dedicado a abrir oficinas por todo el mundo, invertir en promociones en el Mediterráneo y hasta respaldar a El Pocero en sus sueños de grandeza.

Los directivos también acostumbraban a hacer cumplir los suyos. Al mando de Caixa Galicia estaba un ejecutivo agresivo, José Luis Méndez, que durante décadas ostentó un enorme poder en la comunidad autónoma, pese a ser un simple gestor. Convirtió una entidad provinciana, en la que había desembarcado en 1981, en la sexta del país. En la última etapa de su mandato no dudó en montarse sobre la ola de la burbuja inmobiliaria. Alcaldes de todos los colores políticos lo veían como una especie de mecenas que regaba con fondos de la obra social hasta el último Ayuntamiento. En 2007, tras unos años de crecimiento desmesurado que más que sorprender causaba admiración, llegó a comprar la isla de Sálvora, parte del Parque Nacional Illas Atlánticas. También era aficionado a los veleros —la caja poseía uno en el centro náutico de Sanxenxo, que ahora pertenece a la obra social—, donde recibía a políticos y empresarios. Sin que nadie le rechistase ni le pidiese la menor explicación colocó a dos de sus hijos en altos cargos de la caja, uno de ellos al frente de la división industrial.

Pese a ser el primer interesado en forzar una fusión a la que Caixanova se resistía, se jubiló dos meses antes de que el proyecto cuajase entre grandes aplausos de sus consejeros, cerrando la puerta a 29 años de servicio. Cobró 16,5 millones en su retiro. Las cuentas que dejó durante su mandato nunca tuvieron tachas en las auditorías, pero el Banco de España no lo consideraba un gestor adecuado para ocupar un cargo en la caja única gallega. En cambio, el regulador se inclinaba más por el criterio del otro veterano directivo, Julio Fernández Gayoso, presidente de Caixanova, que, a punto de cumplir 81 años, ha resistido hasta ahora a los golpes de los escándalos. Don Julio, como se le conocía en la antigua Caixanova, hizo en Vigo lo que Méndez en A Coruña: construir a su medida el Consejo de Administración. Incluso los vocales elegidos teóricamente entre los impositores, por sorteo, solían ser rostros conocidos. Las universidades no tenían representación en las cajas, aunque sí estaban presentes asociaciones como la Coral Polifónica de Betanzos o la Alianza Francesa.

En 2007, tras unos años de crecimiento que causaba admiración, llegó a comprar la isla de Sálvora, parte del Parque Nacional Illas Atlánticas

A Gayoso lo aupó un alcalde franquista a la caja de Vigo en 1965. Se jubiló como director a los 75 años, perpetuándose por encima de las limitaciones de edad que marca la normativa a través de argucias legales que contaron con la inestimable colaboración de los Gobiernos de Manuel Fraga. Más moderado en la expansión territorial, más prudente en los negocios, consintió la fusión porque, tal y como explicaría después, el Banco de España había solicitado que Caixanova "pilotase el proceso". Un sueño que se cumplía a su favor tras décadas de pelea comercial con Caixa Galicia. Dijo que la caja única iba a ser "mejor que las dos que había hasta ahora", aunque no ocultó que se enfrentaba a la operación "más compleja de España". En la puesta de largo de NCG alguien se acercó a felicitarlo. "Mejor dame el pésame", contestó de forma premonitoria.

Con esos mimbres se estaba cocinando la tormenta perfecta. Tras la integración se ejecutaron 1.200 prejubilaciones, se incentivaron bajas y se cerraron 300 oficinas. Eran las cajas hegemónicas en la comunidad, con el 40% de cuota de mercado y solapamientos enormes. Una realidad que conocía bien Mariano Rajoy. Desde la oposición llegó a asegurar que el plan no le parecía una buena idea, aunque al final cedió a las pretensiones de Feijóo y lo respaldó hasta las últimas consecuencias.

En la puesta de largo de NCG alguien se acercó a Julio Fernández Gayoso a felicitarlo. "Mejor dame el pésame", contestó

Pero, consumada la integración, los disgustos llegaron uno tras otro. En agosto de 2011, el que fuera número dos de Inditex, José María Castellano, expresó su intención de tomar las riendas para hacer limpieza. Fue entonces cuando el Banco de España nacionalizó la entidad, que tenía un valor teórico de 1.714 millones de euros aportados por ambas cajas. Tras los ajustes contables el patrimonio fundacional se transformó de un plumazo en 181 millones ante la estupefacción de la sociedad gallega. Pero nadie ofreció una explicación coherente de lo que había podido ocurrir para que el Estado se quedase con el 93% del capital (a la caja le dejó el porcentaje restante para financiar su actividad fundacional). Fue entonces cuando los directivos forjados bajo el manto protector de Méndez y Gayoso abandonaron el proyecto.

Nació Novagalicia Banco, que en septiembre cumplirá un año, y con ella afloraron los escándalos de las indemnizaciones multimillonarias. Los mismos directivos que las cobraron habían autorizado la fusión con un descuadre de 982 millones de euros por aplicar tasaciones infladas e información errónea sobre suelos y promociones, como después desveló la auditoría. En diciembre de 2011 no hubo otro remedio que reconocer unas pérdidas de 169 millones de euros. Tras los dos decretos de reforma financiera del Gobierno actual, Novagalicia necesita 4.500 millones de euros como mínimo. Castellano repite una y otra vez que cuenta con el compromiso de fondos extranjeros que estarían dispuestos a inyectar unos 700 millones a cambio de un Esquema de Protección de Activos. Economía no está por la labor de concederlo.