La Audiencia Nacional abre causa contra los directivos de NovacaixaGalicia

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha admitido a trámite y por tanto iniciado la investigación judicial contra los cinco directivos de NovacaixaGalcia contra los que se querelló este lunes la Fiscalía Anticorrupción por ocultar al Banco de España prejubilaciones a las que no tenían derecho. Esas prejubilaciones se aprobaron apenas dos meses antes de que se aprobara la fusión que dio lugar a la caja única gallega, en diciembre de 2010, cuando el entonces presidente de Caixanova, Julio Fernández Gayoso, que se encuentra entre los cinco imputados, autorizó modificaciones en tres contratos de directivos para engordar su renta vitalicia.

La Fiscalía considera que los hechos causaron un grave daño patrimonial y pueden ser constitutivos de un delito de administración desleal y apropiación indebida por su "grave repercusión para la economía nacional". Con su resolución de esta mañana, Moreno certifica que existen indicios razonables de que se han producido esas infracciones. El mínimo a devolver, por haber sido cobrado indebidamente por los ex altos cargos asciende, según la querella, a 7.875.474, euros.

Los exdirectivos denunciados son Julio Fernández Gayoso, actual copresidente de NovacaixaGalicia y durante 40 años director de Caixanova, José Luis Pego, exdirector, Javier García de Paredes, ex director adjunto y los exdirectivos Óscar Rodríguez Estrada y Gregorio Gorriarán Laza. Los cuatro últimos cobraron indemnizaciones que, junto a sus planes de pensiones, ascienden a 52 millones de euros. La entidad resultante de la fusión de las cajas gallegas (Caixa Galicia y Caixanova) necesitó de dos inyecciones de capital a través del FROB que suman 3.665 milllones.

El banco fue nacionalizado en octubre del año pasado y desde enero no cumple con el requisito mínimo de solvencia (un core capital del 10%). Tras los dos decretos del Gobierno para la reforma del sistema financiero, el Banco de España calcula que necesita otros 4.500 millones, aunque la entidad ha solicitado una cantidad considerablemente mayor, que rondaría los 7.000 millones.

La querella parte de una denuncia del sindicato nacionalista CIG y paralizó las negociaciones que en su día emprendieron los actuales gestores del banco para conseguir que los cuatro exdirectivos devolvieran el dinero (solo uno de ellos, Javier García de Paredes, aceptó hacerlo). La querella señala que los polémicos contratos que se modificaron para aumentar los blindajes no estaban a disposición de ningún miembro del consejo de administración de la caja y se aprobaron "en la creencia de que las obligaciones contraídas por Novacaixagalicia procedían de los antiguos contratos de alta dirección". Cuando la privatización se estaba gestando, la caja preparó un fondo multimillonario para hacer frente a una "posible" resolución de los contratos. "Resulta por lo menos sorprendente que al Banco de España, como organismo supervisor, no se le comunique", señala la demanda.

También apunta a que la auditoría realizada por BDO a petición del FROB, recoge que "los estados contables de Novacaixagalicia no reflejaban su verdadera situación patrimonial", por provisiones no contabilizadas. Cuando los directivos se marcharon, pocos días antes de la segunda inyección de fondos públicos, recibieron millonarias indemnizaciones sin la "necesaria y mínima valoración de la dificilísima situación patrimonial de la entidad". El despropósito es de tal magnitud que la suma de los compromisos que la caja adoptó con ellos (52 millones entre prejubilaciones y blindajes) equivale, a precio actual, al 28% del valor de Novagalicia Banco, la entidad resultante que podría ser subastada en septiembre.