El Banco de España impide devolver 4,7 millones a un exdirectivo de NCG

Su gesto -renunciar a una buena parte de la indemnización que le correspondía por marcharse de la caja- se proyectó como un ejemplo para el resto de los directivos salientes en Novacaixagalicia. Él mismo aseguró que lo hacía porque le parecía "demasiado", ingresar casi 10 millones de euros. Pero Javier García de Paredes, director general adjunto de la entidad, que abandonó su puesto después de la nacionalización, no ha movido ficha aunque su compromiso fue firmado hace casi tres meses.

Los responsables del fondo de rescate (FROB), del Banco de España, aconsejaron entonces frenar la ejecución del acuerdo porque José Luis Pego, el exdirector, había emprendido negociaciones con dos de sus compañeros para que hiciesen lo mismo. "El FROB esperaba llegar a un acuerdo con los cuatro gracias a la intermediación de Pego, que desde el principio se mostró favorable a mediar", aseguran fuentes de Novagalicia Banco. Esa parece ser la razón del curioso bloqueo en una entidad que ha necesitado cerca de 3.600 millones de dinero público para mantener sus niveles de solvencia.

El FROB esperaba llegar a un acuerdo global con cuatro antiguos directivos

Al final José Luis Pego ni convenció a sus compañeros, Óscar Rodríguez Estrada y Gregorio González Gorriarán, ni concretó su propia renuncia a la indemnización (en su caso fueron 10,8 millones los que consignó Novacaixagalicia, de los que 7,7 millones los percibió por prejubilarse a los 54 años). Cuando cumpla 65 años tendrá derecho a otros 3,9 millones de un seguro y a lo que lleva acumulado de su fondo de pensiones, que de forma total asciende, según él mismo confesó, a 6,9 millones. Su salario como director durante los últimos cinco años había sido de 627.000 euros en cada ejercicio.

El Banco de España no comenta la operación, pero fuentes próximas al regulador ven lógica la decisión que tomó el FROB, cuyos consejeros se sientan ahora en el máximo órgano de decisión de Novagalicia Banco.

El escenario se volvió a complicar dos meses después del escándalo. Ahora cualquier intento de retomar la negociación está bloqueado porque la Fiscalía Anticorrupción admitió a trámite una denuncia del sindicato CIG para que estudiase si las indemnizaciones fueron legales, dado que la entidad había recibido en una primera inyección 1.200 millones de euros y estaba a punto de captar otros 2.400. Fuentes jurídicas consideran que ahora sería contradictorio que De Paredes renunciase a un dinero que puede ser objeto de revisión por parte de los tribunales. Fuentes cercanas al directivo aseguran que mantiene su intención de ejecutar el acuerdo.

Cuando saltó el escándalo, De Paredes aseguró que devolvería 4,7 millones de euros y días después varias fuentes cercanas elevaron esa cantidad al 80% de los pagos realizados por la antigua caja. Según los documentos públicos en poder de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, De Paredes percibió una indemnización salarial de 5.580.544 euros. El banco dotó anticipadamente su fondo de pensiones, que percibirá cuando cumpla los 65 años, con otros 4.230.840 euros que se suman a lo que había acumulado durante los años de ejercicio profesional en Caixa Galicia.

Todas las prebendas a los ejecutivos fueron aprobadas durante un consejo de administración que se celebró en el mes de agosto de este mismo año. En un escueto punto del orden del día, los consejeros de Novacaixagalicia fueron informados de la existencia de cuatro contratos de alta dirección cuya rescisión daba lugar a ciertos pagos que no se especificaron. En el último párrafo se anunciaba una dotación "para el eventual ejercicio de esos derechos", sin que en ningún momento se detallase la cuantía, que ascendió a casi 30 millones de euros.

El nuevo presidente de la entidad, José María Castellano, presionó para recuperar parte del dinero, pero dio por cerrado otro pago igualmente llamativo: el de 16,5 millones de euros que José Luis Méndez ingresó por su plan de pensiones tras decir adiós a 29 años en la dirección general de Caixa Galicia poco antes de la fusión.

Mientras tanto los responsables de la Obra Social de la entidad siguen sin aclarar dónde harán los recortes y la gran banca continúa presionando para que el nuevo Gobierno de Rajoy intervenga la entidad gallega.

"Apoyamos el mantenimiento del proyecto empresarial autónomo de Novagalicia como mejor garantía de empleo. Una absorción por otra entidad tendría un mayor coste laboral", advirtieron ayer desde CIG. "La prohibición de las prejubilaciones anunciada por Rajoy en la investidura fortalece nuestra oposición a cualquier absorción". Fuentes financieras apuntan al BBVA y a La Caixa como los principales interesados en hacerse con mayor cuota en el negocio en la comunidad autónoma. Novagalicia controla el 42% del mercado.