La subasta de energía adelanta otra subida de la luz de al menos el 4%

La luz volverá a subir en julio. La subasta de energía (Cesur) que fija el precio del kilovatio para los próximos tres meses cerró este lunes con un aumento de los precios del 9,3%. Como la energía supone, aproximadamente, la mitad del recibo —el otro 50% lo constituyen los peajes que fija el Gobierno—, en el mejor de los casos la luz que pagan más de 20 millones de usuarios acogidos a la Tarifa de Último Recurso (TUR) se encarecerá en torno al 4% (3,9%, según la fórmula) a partir del 1 de julio.

La anterior subasta eléctrica, celebrada en marzo, se cerró con bajadas del 7%; pero la tarifa subió finalmente un 7% para recoger un incremento de peajes cercano al 23%.

Con la decisión de marzo, el Gobierno cumplía con sentencias del Tribunal Supremo que prohíben un juego que venía siendo habitual: compensar las subidas del kilovatio en las subastas con recortes en la parte regulada del recibo, lo que contribuía a engordar el déficit del sistema, que puede superar este año los 29.000 millones de euros.

La revisión trimestral del recibo eléctrico coincide, en esta ocasión, con el anuncio de una profunda reforma del sector energético. El ministro de Industria, José Manuel Soria, adelantó que la citada reforma, que mantiene en estado de alerta a todas las empresas, estaría lista en la segunda quincena de junio. No obstante, en los últimos días se ha extendido la idea de que la reforma podría darse a conocer el mes próximo.

Las empresas están inquietas porque temen que el Gobierno, acuciado por el déficit del sistema eléctrico (2% del PIB), vuelva a apretar las tuercas en los ingresos —recortó 1.700 millones al sector en marzo—, tanto de los grandes grupos eléctricos, como de las compañías de renovables. Incluso las empresas con gran consumo eléctrico, agrupadas en la asociación AEGE, han expresado su temor a que Industria vuelva a aplicar la tijera en las compensaciones que reciben por adaptar su producción a las necesidades del sistema y aceptar posibles desconexiones en caso de necesidad (interrumpibilidad).

El temor a las medidas que pueda adoptar el Ejecutivo no solo afecta a las empresas más directamente relacionadas con la electricidad. Las petroleras temen que, finalmente, se aprueba el llamado “céntimo verde”, un nuevo impuesto a los carburantes que, teóricamente, iría destinado a sostener las primas a las energías renovables. Aunque esa es la teoría. En un contexto de necesidad evidente, el nuevo impuesto podría ser destinado a necesidades urgentes.

Mientras se concretan las medidas, lo que parece claro es que va a ser muy difícil cumplir con los límites al déficit que marca la legislación, 1.500 millones como máximo en 2012.