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El Gobierno descarta buscar responsables por la crisis del banco

La vicepresidenta evita aclarar si Ordóñez podrá hablar en el Congreso

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, al inicio de la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, al inicio de la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.

 

Por si el ministro de Economía, Luis de Guindos, no había sido suficientemente claro el miércoles —“Me preguntan ustedes por las responsabilidades. Ahí está la fiscalía para investigar y actuar”, dijo—, ayer la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, confirmó la nula intención del Gobierno de criticar ni perseguir a nadie por la crisis de Bankia: “Ha habido otras nacionalizaciones en el pasado. En este caso estamos hablando de préstamos. A partir de ahora el Estado va a tomar decisiones en ese banco para que cueste el menor dinero posible a los ciudadanos, pueda ponerse a la venta y recuperarse. Me pregunta por los responsables: yo creo que los grupos [parlamentarios] decidirán si el gobernador del Banco de España tiene que comparecer”.

Ni una palabra sobre Rodrigo Rato, José Luis Olivas o Miguel Blesa, los tres exresponsables de Bankia y los tres vinculados al PP. El Gobierno no quiere meter ninguna presión sobre ellos. Ni siquiera les forzará a comparecer en el Congreso, como reclama el PSOE. La comisión de investigación, que reclaman IU y UPyD pero no los socialistas, está descartada. Sáenz de Santamaría desvió de nuevo el tiro hacia Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España nombrado durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, aunque tampoco aclaró si finalmente permitirán que acuda al Congreso como él se ha mostrado dispuesto a hacer.

El PP no parece tener muchas ganas de que explique la crisis en público. Fernández Ordóñez, señalan fuentes parlamentarias, está muy molesto con el Ejecutivo y podría ser muy crítico con su gestión de la crisis. En el PP temen que su comparecencia acabe siendo perjudicial para todos, también para el PSOE, y sobre todo para la imagen del sistema financiero español si termina convirtiéndose en una bronca política.

El Gobierno parece decidido así a que la única explicación pública sea la que dio Guindos en el Congreso, mientras ninguno de los gestores de los últimos 10 años ha comparecido ni siquiera ante la prensa.

Quien sí insistió ayer en que la crisis de Bankia lleve a sus responsables al Congreso es el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba. Los socialistas han rechazado hasta el momento, igual que los populares, una comisión de investigación parlamentaria sobre el asunto —tampoco se hizo cuando fue intervenida en 2009 la Caja Castilla-La Mancha, con el PSOE en el Gobierno central y en el autonómico—. Pero reclaman que Rato, Blesa, Olivas y Fernández Ordóñez acudan a la Cámara baja a contar lo que saben. “Hay que saber lo que ha pasado en Bankia”, dijo Rubalcaba tras calificar de “espectáculo” el baile de cifras, “con diferencias de millones de euros”, al que España ha asistido en los últimos días a cuenta de la necesidad de nueva financiación del banco nacionalizado.

A la pregunta de si él, para saber lo que ha pasado en Bankia, ha preguntado al que era vicepresidente de Caja Madrid, el exministro socialista Virgilio Zapatero, y a otros consejeros del PSOE en la caja, el secretario general de los socialistas contestó que “naturalmente” que ha hablado con Virgilio Zapatero, pero señaló que donde deben hablar “los responsables” es en el Parlamento. “Hay responsables. Y, a partir de ahí, los gestores. La enfermedad de Bankia no es de hace unos meses, tiene raíces profundas”, subrayó.

Rubalcaba, que aún no ha anunciado si su partido votará a favor de la última reforma financiera del Gobierno —la reestructuración del sistema financiero es uno de los pocos asuntos que PP y PSOE han acordado prácticamente siempre— volvió a eludir la respuesta ayer, aunque recordó que no va a respaldar la inyección de más dinero público a los bancos si no se garantiza que ese dinero volverá algún día a las arcas del Estado.

Los socialistas vinculan, además, la negociación sobre la reforma financiera a otra paralela sobre los recortes en sanidad y educación. Pero no aclaran si eso que piden —retirar o suavizar los recortes— será una condición expresa para que el PSOE vote sí a la reforma financiera.