Los límites de una política

El presidente Rajoy ha insistido en todos los foros que la tarea decisiva de su Gobierno es recuperar la confianza de los mercados financieros. La política instrumentada para recuperar esa confianza es la austeridad, es decir, recortes presupuestarios en el Estado central y las comunidades autónomas, con el fin de conseguir el objetivo de déficit en 2012 (reducirlo del 8,9% al 5,3%). Esta política económica ha resultado, hasta el momento, unilateral y poco racional. Unilateral, porque el objetivo de déficit se pretende conseguir con recortes del gasto, sin tener en cuenta el potencial de ajuste (bien calculado, claro) de las subidas de impuestos, que tan solo a regañadientes se van a aplicar en 2013; poco racional, porque los recortes se practican sin análisis de costes y sin certificar los beneficios del ajuste (abundan los ahorros inflados) y sin ofrecer memorias económicas y sociales para cada decisión. El Gobierno ha entrado en la espiral del ajuste castizo: todos los días (y cada viernes más) se proponen recortes “decisivos” para bajar el déficit; casi todos los días se comprueban los magros efectos de esos recortes (aunque resultan dañinos para el bienestar social de los ciudadanos), y cada viernes vuelve a desatarse la angustia por encontrar nuevas partidas que recortar.

Cinco meses de gobierno son tiempo suficiente para sospechar que, al menos de momento, la política económica aplicada no consigue recuperar la confianza en España. De hecho, sucede lo contrario, que aumenta la desconfianza en la solvencia española, como indican la escalada de la prima de riesgo (el jueves superó los 500 puntos básicos, con un diferencial del bono a diez años con Alemania superior al 6,5%) y la situación de hundimiento frecuente del Ibex. La receta unidimensional del equipo económico no surte efecto y cunde el desánimo político. El presidente y el ministro de Economía reclaman a dúo la intervención del Banco Central Europeo (BCE) para templar el diferencial de deuda y despejar las dudas sobre la banca.

La situación de la economía española ofrece motivos de duda para cualquier observador interno o externo. No es creíble que un país en recesión pueda reducir su déficit en más de tres puntos de PIB en un solo año (salvo contabilidad creativa). El presidente del Gobierno se equivocó al preferir una reducción del compromiso de déficit desde el 4,4% pactado inicialmente con Europa hasta el 5,3% en 2012, en lugar de haber negociado un aplazamiento del objetivo final de estabilidad del 3% para 2015 o 2016. Los intentos de reforma financiera no han conseguido despejar las dudas de los inversores, y lo mismo cabe decir de los compromisos verbales de las autonomías. Y nadie sabe sobre qué patrón crecerá la economía española. El impulso no puede nacer de la construcción, por razones obvias, pero tampoco de cualquier otro sector, industrial, tecnológico o de servicios.

Si en cinco meses de gobierno, los españoles no tienen claro todavía cuánto va a costar la consolidación de los balances bancarios ni cuál es la deuda de las autonomías o quién la va a pagar, y desconocen, porque no lo hay, el motor de crecimiento, ¿por qué iban a confiar fuera en la economía española? La tarea del Gobierno es recuperar la credibilidad exterior más allá de la política de recortes acelerados, y para ello debería comenzar respondiendo adecuadamente a las preguntas anteriores.