El déficit de tarifa y nuestra credibilidad internacional

Resulta evidente y cada vez más apremiante la necesidad de atajar el principal problema al que se enfrenta el actual Gobierno dentro del contexto energético, que encuentra su reflejo en la colosal cifra del déficit de tarifa el cual ha superado ya los 25.000 millones de euros y amenaza con seguir incrementándose a pasos agigantados. El Ejecutivo ya ha comenzado a tomar medidas de calado para poder poner freno a la abultada cifra de este desfase entre los ingresos y los costes del sistema eléctrico, y ha anunciado que llevará a cabo una reforma global del sector energético que implicará un esfuerzo compartido entre empresas, consumidores y Administración, dado que es un problema prioritario que afecta a la competitividad de la economía española y de sus empresas.

 El primer paquete de medidas aprobado por el Ejecutivo se centró, en primer lugar, en la suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución y los incentivos económicos para las nuevas instalaciones de producción eléctrica a partir de energías renovables, cogeneración y residuos. Asimismo, el pasado 31 de marzo el Gobierno aprobó, mediante Real Decreto Ley, una subida de la tarifa de último recurso del 7% y una reducción de los costes regulados que perciben las compañías eléctricas tradicionales. Aunque algunas de estas medidas avanzan en la buena dirección, no son la solución definitiva que el problema requiere.

El presidente del Gobierno ha avanzado que la reforma global energética estará aprobada en los próximos meses y recogerá medidas de mayor calado en el sector, pero al no concretar las grandes líneas de la reforma ha introducido incertidumbre en un sector situado en el punto de mira de los inversores y agencias de calificación internacionales. Entre las medidas que el Gobierno podría estar barajando figuran una tasa nuclear o hidráulica para las eléctricas, una moratoria para todos los proyectos termosolares inscritos en el preregistro o incluso el incremento de la carga fiscal a las empresas energéticas.

Un recargo en el precio de los hidrocarburos fósiles sociabilizaría entre todo el sector una carga que solo pesa sobre las eléctricas

Sin embargo, llegado el momento de actuar es necesario hacer un balance objetivo y responsable de las implicaciones que los diferentes cambios regulatorios puedan generar, no solo en el sector energético, sino también en el conjunto de actividades económicas, lo que en último término repercutirá sobre la valoración del riesgo país más aún en el contexto económico actual, donde todos los focos están centrando su interés en nuestra prima de riesgo.

Con el presente nivel de acoso a la deuda española, parece apropiado descartar tomar medidas que incrementen la percepción de inseguridad jurídica de los inversores, como son una quita a las empresas eléctricas o tasas a la producción nuclear e hidráulica, que serían entendidas como un ataque a los derechos de propiedad de los inversores en España.

En los debates en torno al coste de la electricidad y, en concreto, a los precios del mercado de generación, se ha venido afirmando, reiterada aunque erróneamente, que las centrales hidráulicas y nucleares obtienen beneficios extraordinarios del mercado, lo que se conoce como windfall profits, dado que este no refleja el hecho de que estas centrales están ya amortizadas. Sin embargo, un análisis más exhaustivo de los estados financieros auditados de las empresas eléctricas revelaría que la mayor parte de estas centrales no están amortizadas y que, por tanto, no existen tales beneficios extraordinarios.

En cualquier caso, el mensaje que se enviaría a los inversores sobre las consecuencias de que algunos activos resulten finalmente más rentables de lo inicialmente planificado podría tener consecuencias negativas que se extendieran al conjunto de la economía.

Pese a que nunca llueve a gusto de todos y los remedios siempre afectarán a un grupo de agentes que estarán en desacuerdo con los mismos, es necesario tomar medidas contundentes, pero que no pongan en duda la credibilidad de nuestro país como foco de atracción de inversiones en el sector. En primer lugar, se debería hacer un esfuerzo por eliminar todos aquellos componentes de la tarifa ajenos al suministro eléctrico. Asimismo, la asignación de los ingresos de las subastas de derechos de emisión de CO2 al pago de las primas a las energías renovables y la racionalización de las primas a este tipo de instalaciones podrían ser medidas adecuadas que repartan la carga de la reforma global del sector entre los distintos agentes. Finalmente, cabe la posibilidad de establecer un recargo en el precio de los hidrocarburos fósiles para cubrir el déficit tarifario, de modo que se sociabilice entre todo el sector energético una carga que ahora recae únicamente en el sector eléctrico.

En todo caso, el Gobierno debe ser consciente de que la preservación de la seguridad jurídica en este como en otros terrenos en una situación tan delicada para el Reino de España como la actual es una obligación de primer orden.