Los problemas de las inversiones de las empresas españolas

La pesificación y la expropiación de Aerolíneas Argentinas han desatado conflictos

La amenaza que ayer lanzó el ministro de Industria, José Manuel Soria, sobre eventuales represalias contra Argentina si expropia YPF, controlada por la española Repsol es de alcance limitado. Porque la inversión española en Argentina, de unos 28.742 millones de euros, queda a años luz de los testimoniales 67 millones que los argentinos tienen en juego en suelo español. Poco riesgo para Buenos Aires en España. En cambio, banca y grandes empresas de servicios mantienen desde hace décadas inversiones en el país austral, un foco de problemas en muchas ocasiones. La suspensión de pagos del país hace 10 años supuso graves pérdidas y, a raíz de ella, hubo otros problemas. El abandono de la paridad peso-dólar, es decir, la devaluación decidida en 2002, llevó a la pesificación de las tarifas y rompió los contratos que vinculaban ciertas tarifas a la evolución del dólar.

 Telefónica, por ejemplo, demandó en 2003 al país ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) como consecuencia de esa pesificación y cifró el perjuicio en unos 2.800 millones de dólares (2.120 millones de euros), aunque seis años después llegaron a un acuerdo. En este conflicto se vieron también envueltas otras compañías españolas de servicios como Endesa, Gas Natural o Aguas de Barcelona (Agbar).

El conflicto de Repsol en Argentina, si acaba en nacionalización, acabará previsiblemente también en el CIADI, donde los procesos suelen demorarse años. En este tribunal ubicado en París descansa también el contencioso de los empresarios españoles Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual a cuenta de la expropiación de Aerolíneas Argentinas en el año 2008. Díaz Ferrán y Pascual, ahora en los tribunales por su papel en la caída del grupo empresarial Marsans, pedían millonarias compensaciones. Ferrán, hoy imputado, confía ahora en una compensación de 1.200 millones de dólares (unos 900 millones de euros), pero no hay visos que obtener una resolución hasta dentro de al menos un año y medio.

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