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Sanidad proyecta cambios urgentes en el modelo para ahorrar gastos

Valenciano avisa: “La educación y la sanidad son líneas rojas para el PSOE”

El Gobierno busca un pacto de Estado para aprobar el plan antes del verano

La ministra Ana Mato, el pasado marzo en el Senado.
La ministra Ana Mato, el pasado marzo en el Senado.

El Gobierno prepara un cambio radical del sistema sanitario que asegure su sostenibilidad, según fuentes oficiales. La propuesta del Ejecutivo parte de la idea de que el sistema actual es inviable económicamente y cita, para justificarla, la cifra de 20.000 millones de euros en deuda sanitaria. Fuentes del Gobierno explican que mantendrán el modelo público, buscarán un pacto de Estado con autonomías y partidos e intentarán acelerar para que esté aprobado antes de verano.

El Ministerio de Sanidad, que dirige Ana Mato, trabaja en diferentes comisiones para llevar la propuesta al Consejo Interterritorial antes de final de mes. Está pendiente también la decisión política del presidente Mariano Rajoy y, en principio, se rechaza un modelo basado en el copago.

La idea del Ejecutivo es que, no obstante, la decisión de ese copago dependerá de cada comunidad autónoma, sobre la base de las competencias exclusivas de sanidad que cada una de ellas tiene. Cataluña ya ha establecido el copago (un euro por receta) y las citadas fuentes recuerdan que en farmacia se paga el 40% de las medicinas del sistema público.

El Gobierno evita hablar de recortes o de rebaja de prestaciones y utiliza términos como cambio de modelo, racionalización o mejora de gestión, siempre sobre la base de reducir el gasto sanitario y el déficit público.

La primera línea de actuación es la referida a la cartera básica de servicios, que busca unificar las prestaciones de la sanidad pública en cada autonomía. Aquí podrían quedar fuera algunos servicios que no se consideran básicos. Se cita como ejemplo las operaciones de cirugía estética, que sí están cubiertas en algunas comunidades autónomas.

Se incluye también la racionalización o cambio de gestión de algunas prestaciones. Por ejemplo, si en determinadas localidades se prestan servicios de elevado coste, buscar fórmulas para centralizarlas donde allí donde puedan tener acceso más ciudadanos. Otra línea de actuación es la que el Gobierno llama “prestaciones farmacéuticas”. Incluye la potenciación de centrales de compra, reducción del gasto en medicamentos o la supresión de algunos que, según los especialistas, hayan quedado obsoletos.

La tercera línea es la que denomina asistencia sanitaria, que se refiere también a la reducción de costes. Se barajan medidas sobre el turismo sanitario, que incluyen intervenciones de alto coste para extranjeros.

La cuarta y última es la de la ordenación profesional, en la que trabajan técnicos del ministerio y que afecta a las especialidades médicas y a las retribuciones del personal sanitario.

Fuentes de La Moncloa aseguran que estas propuestas estaban apuntadas en el discurso de investidura de Rajoy de diciembre. Añaden que también fueron mencionadas por el presidente en su intervención de esta semana ante la dirección del PP. Rajoy anunció “la puesta en marcha del proceso de reforma de los servicios públicos”. Bajo ese epígrafe genérico, fuentes oficiales situaban ayer la reforma de la sanidad que prepara el Ejecutivo para los próximos tres meses, sobre la idea de que dichos cambios deben hacerse en el inicio de las legislaturas. Más aún con una mayoría absoluta reciente.

El Gobierno advierte de que intentará el consenso para sacarlas adelante. Con la excepción de Cataluña, Andalucía, Canarias, País Vasco y quizás Asturias, el PP tiene mayoría en el Consejo Territorial con las comunidades donde gobierna.

La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, aclaró ayer que no llegará a acuerdos que supongan recortes en sanidad y en educación. “La educación y la sanidad son dos de nuestras líneas rojas más infranqueables, que vamos a defender”, dijo en Altea (Alicante), en declaraciones a la agencia Efe.