El Gobierno abre la vía para vender edificios ministeriales

El Gobierno pretende gestionar de forma más “racional los edificios administrativos para reducir gastos”, según recoge el real decreto de medidas tributarias publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que modifica la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas. La norma deja en manos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que dirige Cristóbal Montoro, “la coordinación de la gestión de los edificios administrativos utilizados por la Administración General del Estado”.

El objetivo es reordenar todos los espacios que ocupan los diferentes departamentos ministeriales para poder reducir costes. Fuentes de Hacienda admiten que se reagruparán algunas oficinas del Gobierno para liberar edificios y, en su caso, poder venderlos para avanzar en la consecución del objetivo de déficit público.

Para ello, se dota de competencias a la Comisión de “Coordinación Financiera de Actuaciones Inmobiliarias y Patrimoniales”, que entre sus atribuciones tiene la de “conocer los planes y propuestas de inversión y desinversión” de la Administración. Esta oficina será la responsable de “las desafecciones y desacripciones de edificios administrativos y de otras actuaciones de gestión patrimonial”. Se abre así la vía para que Hacienda pueda vender, en su caso, los edificios públicos que considere necesarios.

El Gobierno cifra en 100 millones de euros el coste en alquileres de inmuebles

Hace un par de semanas la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ya anunció en el Senado la puesta en marcha de un plan integral para gestionar los inmuebles del Estado. La portavoz del Gobierno explicó entonces que la Administración General del Estado dispone de unos 55.000 edificios u oficinas, ya sea en propiedad o en régimen de alquiler, según el Inventario General de Bienes Inmuebles del Estado. El arrendamiento que paga el Gobierno por algunos de estos edificios y oficinas asciende a más de 100 millones de euros a las arcas públicas.

La vicepresidenta aseguró, a modo de ejemplo, que el patrimonio del Estado sin utilizar en el centro de Madrid se puede valorar en unos 500 millones de euros.

Por eso, con la norma publicada ayer en el BOE, el Ejecutivo pretende establecer unos criterios homogéneos de valoración de bienes y reordenar los espacios de ocupación de los diferentes departamentos ministeriales. También incluye una revisión de los contratos de servicios de mantenimiento de estos edificios públicos. Para ello, el Ministerio de Hacienda se atribuye todas las competencias para realizar todas las gestiones relacionadas con este plan de ahorro.

El titular de Hacienda tiene prisa por aplicar este plan y apremia a los diferentes ministerios. El real decreto de reforma tributaria establece que “el plan de optimización será trasladado a los organismos afectados para que, en el plazo de un mes, manifiesten su conformidad con el plan”.