El Gobierno italiano blinda sus empresas estratégicas contra la inversión extranjera

El primer ministro italiano, Mario Monti, se encuentra estos días recorriendo Asia, desde Corea del Sur a Kazajistán, a la caza y captura de inversores. Eso sí, antes de partir se ocupó de blindar sus sectores estratégicos —defensa, energía, transportes y comunicaciones— al capital extranjero, con especial atención al extracomunitario. La aprobación de la nueva normativa persigue dos objetivos. El primero es hacer más efectiva la acción de oro, limitando los derechos de las empresas extranjeras y estableciendo multas fortísimas para las que intenten escamotear la ley. El segundo, y no menos importante, zanjar de una vez por todas un viejo litigio con la Comisión Europea, que consideraba que la anterior legislación italiana —aprobada en 1994— restringía injustificadamente la libre circulación de capitales.

Mario Monti, en su calidad de ex comisario europeo de la Competencia, no se podía permitir el lujo de mantener una disputa así con Europa. Pero ahora, en su calidad de jefe del Gobierno italiano, tampoco parece dispuesto a perder el control de las empresas privatizadas de los sectores estratégicos. La nueva normativa, aprobada por el consejo de ministros a mediados de marzo y pendiente ahora de su desarrollo, cierra el conflicto con la CE, que desde 2009 tenía abierto un procedimiento de infracción contra Italia ante el Tribunal Europeo de Justicia. Pero, a pesar de su homologación con Europa, la acción de oro italiana sigue constituyendo un foso infranqueable para los inversores que pretendan tomar el control de, por ejemplo, Enel, Eni, Telecom Italia o Finmeccanica. En palabras del propio Ejecutivo, la nueva legislación “se adapta a la disciplina jurídica de la UE, pero conserva los poderes de intervención para garantizar los intereses legítimos, esenciales y estratégicos del país”. En la línea de Monti, puño de hierro en guante de seda.

Roma podrá vetar operaciones que supongan una "amenaza objetiva de un perjuicio grave"

La parte más restrictiva está, lógicamente, en el sector de la Defensa. Según el artículo 1 del decreto ley 21/2012, “en caso de amenaza efectiva de graves perjuicios para los intereses esenciales de la seguridad nacional”, el Gobierno italiano podrá llegar a impedir hasta la compra de participaciones por parte de un inversor que no considere fiable. También podrá ejercer el veto a que la empresa modifique su objeto social. Se extremará el control cuando la compra en algunas de estas empresas con participación estatal la efectúe un inversor “originario de un país no europeo”, para lo que se establece una investigación complementarios ante la posible “presencia de vínculos con organizaciones delictivas”.

Será menor, sin embargo, el poder de veto en los sectores de la energía, los transportes y las comunicaciones. Por ejemplo, el Gobierno italiano no podrá bloquear por completo las ofertas salvo que realmente constituyan la ya citada "amenaza efectiva de un perjuicio grave". En cualquier caso, antes de que el Gobierno pueda empezar el derecho de veto o acción de oro tendrá que aprobar y publicar una serie de regulaciones en las que precise, con todo detalle, qué tipo de actividades se consideran sujetos. Las empresas afectadas tendrán, por su parte, que comunicar al Gobierno en un plazo de 10 días cada operación. Las sanciones previstas son tan grandes —multas de hasta dos veces el valor de la transacción— que no parece previsible que ninguna se aventure a cruzar sin salvoconducto la nueva aduana impuesta por Monti.