Evitar la agonía en forma de ‘L’

Cien días después de la asunción del Gobierno con mayoría absoluta, Rajoy puede exhibir al menos tres grandes reformas económicas: la laboral, la financiera y la de estabilidad presupuestaria. Más allá de las opiniones que se tengan sobre cada una de ellas (todas van en la misma dirección: satisfacer las obligaciones impuestas por Bruselas y tranquilizar a los mercados) no se puede acusar al Gobierno del PP de inacción.

Sin embargo, el resultado no ha sido hasta ahora el que se pretendía: La UE sospecha y se ha producido el sorpasso entre Italia y España, de modo que nuestro país ha sustituido al primero en la vanguardia de los problemas relacionados con la prima de riesgo y se ha puesto en la zona roja de las preocupaciones de los inversores en la eurozona. Además, durante los últimos días, la economía española ha sido objeto de los ataques más duros por parte de las principales biblias de la prensa económica mundial, de diversos informes de los bancos de inversión y, lo más paradójico, del propio primer ministro italiano, Mario Monti (“España está dando a toda Europa motivos de gran preocupación”). Probablemente para evitar que los ojos de los mercados se fijen en las dificultades italianas y en la fragilidad política de sus reformas, Monti ha señalado con el dedo a España. Ese tipo de políticas de perjuicio al vecino, de sálvese quien pueda, abundaron en la Gran Depresión.

Las críticas coincidentes sobre la política económica española son de tres tipos: el temor de que los topes de déficit no se cumplan este año (dado que la tardanza en la aprobación de los Presupuestos va a hacer que los esfuerzos en la reducción de gastos y en el incremento de impuestos se tengan que concentrar en sólo ocho meses); que la reforma financiera es mucho menos “extremadamente agresiva” que la laboral y va a cámara lenta, ya que sigue aumentando la morosidad y reduciéndose el crédito ; y que en la acción del Gobierno no hay ni rastro de medidas de reactivación del crecimiento.

La declaración de Monti recuerda las políticas de "perjuicio al vecino" del pasado

En este inquietante contexto se van a presentar el próximo viernes los Presupuestos de 2012. Nadie duda de que en ellos se va a trazar la senda de una especie de economía de guerra, valga la metáfora. El Gobierno va a enfrentarse a dos legitimidades contrapuestas: la exigencia de los ciudadanos (combatir en primera instancia la gigantesca bolsa de paro, superior a ningún otro país de la OCDE, y mantener los sistemas de protección) y las demandas exteriores (la prioridad es corregir a la baja el déficit público). Esta contradicción, cada vez más presente, es la que hace que Ivan Krastov, fundador del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, haya establecido un dilema creciente: “Somos testigos de un colapso de la confianza en las élites políticas y empresariales (…) Las elecciones están perdiendo su significado de opción entre alternativas y se transforman en procesos a las élites. Así, la democracia ya no es cuestión de confianza sino más bien de gestión de la desconfianza”.

Entre algunos analistas empieza a cundir la idea de una salida disímil de la Gran Recesión. Pendientes de la incidencia de nuevos choques contractivos (el petróleo, las materias primas, los países emergentes, …) podría ocurrir que el mundo se recuperase poco a poco a poco de sus problemas y la economía de unos pocos países (entre ellas la española) se quedase atascada en una especie de “L”, en la que el trazo horizontal de la letra se extendiese durase bastante tiempo, en un estancamiento a largo plazo. Para evitarlo se requeriría un consenso en el diagnóstico y un acuerdo entre las principales fuerzas políticas, económicas y sociales. Tal es el grado de deterioro que probablemente no baste ni la fuerza de disponer de una mayoría absoluta tan amplia como la del Gobierno. Un compromiso histórico entre fuerzas diversas que representen a la mayoría de los ciudadanos, sin sujetar su contenido a una ideología y con cesiones mutuas. Trabajar para el bienestar de la población con un pacto transversal que recorra los distintos ámbitos territoriales e incorpore medidas de saneamiento y reformas estructurales, pero también políticas de crecimiento.