El Gobierno italiano aprueba la reforma laboral de forma provisional

El Gobierno italiano definió este viernes las líneas básicas de su reforma laboral, que tiene como objetivo "dinamizar y flexiblizar" el mercado del trabajo en Italia, crear empleo y estimular el desarrollo y la competitividad de las empresas, contribuyendo al crecimiento del país. En un comunicado, el Gobierno informó de la aprobación del proyecto de ley de la reforma laboral, aunque precisó que se ha optado por una fórmula que otorga carácter provisional al texto, que ahora podrá ser modificado en el Parlamento.

El Ejecutivo tecnócrata de Mario Monti decidió así dar espacio a la discusión parlamentaria y optó por una línea de actuación diferente a la adoptada en sus anteriores intervenciones económicas, que fueron aprobadas por decreto ley. Entre esas intervenciones, destinadas a sanear las cuentas públicas y relanzar el crecimiento, figuran el plan de ajuste de más de 30.000 millones de euros que ratificó el Parlamento el pasado diciembre, así como un amplio conjunto de liberalizaciones, acordado en Consejo de Ministros el 20 de enero y que el jueves fue aprobado de forma definitiva en la Cámara de los Diputados. El Gobierno italiano, en su comunicado, afirmó que la laboral es "una reforma largamente esperada por el país y fuertemente deseada por Europa y, por ello, discutida con los agentes sociales".

La definición por parte del Gobierno de este conjunto de medidas, llegó tras una semana de duras negociaciones entre el Ejecutivo, la patronal y los sindicatos, que se han mostrado escépticos ante las propuestas del Gobierno. Uno de los puntos que ha levantado mayor controversia y oposición por parte de los sindicatos ha sido la intención del Gabinete de Monti de modificar el "artículo 18" del Estatuto de los Trabajadores, que regula las condiciones para el despido en las empresas con más de quince empleados. El Ejecutivo ha decidido intervenir en ese aspecto y limitar la posibiidad de reintegrar a un trabajador en su puesto de trabajo, previa decisión de un juez, solo cuando el despido sea considerado "discriminatorio" o en casos de despido por motivos "disciplinarios" infundados.

En el resto de supuestos, entre ellos los despidos motivados por causas económicas y los que sean infundados, el empresario podrá ser condenado solo a pagar un resarcimiento económico al trabajador. De este modo, se modifica la normativa existente hasta el momento, ya que el regreso del trabajador despedido a su puesto de trabajo se contemplaba tanto para los casos de discriminación y los disciplinarios, siempre que el juez dictaminara que no se habían cometido faltas graves, así como para los despidos por motivos económicos, si se dictaminaba que estos eran injustos. Precisamente, la intención de introducir este tipo de modificaciones en la normativa vigente llevó el pasado miércoles al sindicato mayoritario CGIL a anunciar la convocatoria de paros y una huelga general para protestar contra una reforma que, consideran, que lo único que hace es "facilitar el despido".

También expresó sus dudas sobre la modificación del artículo 18 el progresista Partido Demócrata (PD), cuyo líder Pier Luigi Bersani, señaló este viernes que no se puede "concebir" que para una forma de despido por motivos económicos existan solo indemnizaciones económicas. Bersani emplazó así a la discusión parlamentaria para modificar este aspecto, mientras el conservador Pueblo de la Libertad, de Silvio Berlusconi, advirtió de que los cambios en el Parlamento "no podrán ser de un solo color" político.

La reforma laboral aprobada este viernes busca además primar las relaciones laborales estables y potenciar la presencia de las mujeres en el mercado laboral. "Actualmente, la participación de las mujeres en el mercado del trabajo es limitada con respecto a los hombres", afirma el Ejecutivo, se intervendrá para potenciar el acceso de las mujeres a los puestos directivos y se introducirá el permiso de paternidad obligatorio. Asimismo, se trabajará para hacer más eficientes los llamados "amortigadores sociales", el conjunto de medidas con las que se pretende mitigar el malestar del ciudadano, normalmente ligado con las vicisitudes de la relación laboral.