Los de la ‘Champions’ y los demás

A pesar de la competencia china, la burbuja, la crisis, la pérdida de competitividad y las restricciones financieras, la cuota española en las exportaciones mundiales se ha mantenido asombrosamente estable en los últimos 10 años. Mientras la cuota de países como EE UU o Reino Unido se derrumbaba en un 30%, la de España resistía a los BRIC de forma que al final de la década estaba al mismo nivel del principio.

Como ha observado el economista Pol Àntras, nuestra economía funciona como nuestra Liga de fútbol: hay muchos equipos en apuros, sobreendeudados, al borde de la desaparición. Pero nuestro fútbol internacional no está en crisis; al contrario: nuestra cuota de títulos internacionales sigue aumentando. Como en el fútbol, en España hay un núcleo reducido de grandes empresas que consigue mantener su cuota de mercado en el extranjero contra viento y marea, mientras que el resto de las empresas, las que participan de la economía nacional, están extenuadas, al borde del abismo.

En definitiva, tenemos un sistema productivo dual en el que existe un número muy elevado de pequeñas empresas y un número reducido de multinacionales muy potentes, capaces de seguir exportando. Desgraciadamente, falta el término medio. Comparado con otros países de nuestro entorno, no tenemos suficientes empresas medianas capaces de competir en los mercados internacionales.

Esta distribución del tamaño de las empresas es sorprendente, dado nuestro nivel de desarrollo, y similar al de los países en desarrollo, que normalmente presentan una acusada dualidad: un vibrante segmento de vendedores ambulantes, tiendas pequeñas, trabajadores informales, muchos de ellos en la economía sumergida, y un sector internacional de empresas exportadoras capaces de competir en los mercados.

Esta extraña composición del tejido productivo importa, y mucho. Un análisis reciente de Rafael Domenech, del servicio de estudios del BBVA, muestra que, a igual tamaño de empresa, las empresas españolas son igual de productivas que las estadounidenses. Es decir, que una empresa española pequeña es igual de productiva que una extranjera. Una empresa mediana también es igual de productiva, comparada con otra mediana extranjera. Y lo mismo para las grandes. La diferencia viene de la composición de tamaños: tenemos muchas más empresas pequeñas que EE UU o Alemania, y muchas menos medianas y grandes. Mientras que en EE UU menos del 15% del empleo está concentrado en empresas de menos de 20 trabajadores, en España, el 27% está en esta categoría. De la muestra utilizada por el BBVA, solo los sospechosos habituales —Portugal, Italia y Grecia— están peor que España.

Hay que hacer lo posible para que las pequeñas y medianas empresas más productivas no tengan barreras para crecer

No podemos abordar este problema sin entender el efecto de la regulación de los mercados de producto y de trabajo en las empresas de distintos tamaños. Hablando en plata, la justicia y la regulación no afectan igual a las empresas pequeñas y a las grandes.

En un país con un sistema regulatorio kafkiano, en el que conseguir una licencia o permiso para cualquier cosa lleva meses, las grandes empresas tienen gabinetes jurídicos expertos en encontrar huecos en las reglas y evitar las más perjudiciales, o incluso, en convencer al regulador para cambiar las más dañinas para sus intereses. Una empresa pequeña e informal, a menudo, simplemente, ignora las reglas, operando a veces al margen de la ley (facturas en negro, etcétera). Una empresa mediana legal no puede ni ignorar las reglas ni encontrar la forma más eficiente de cumplirlas.

Un ejemplo de esta diferencia lo podemos ver en el comportamiento de las exportaciones españolas. Pol Àntras, en un análisis reciente, muestra que las pymes sufrieron entre 2000 y 2008 incrementos de sus costes laborales unitarios acumulados de alrededor del 70%. Este incremento afectó igual a las exportadoras y a las no exportadoras. Por el contrario, las grandes empresas no exportadoras vieron incrementos de costes laborales unitarios de alrededor del 25%, mientras las grandes exportadoras experimentaron subidas acumulativas de un 20%. Es decir, si uno tiene un gabinete laboral especializado en gestionar el convenio y los contratos, puede evitar las peores consecuencias de estos.

En definitiva, el complejísimo y arbitrario ordenamiento jurídico crea una serie de barreras, salvables solo por los más decididos y afortunados, para el crecimiento de las pequeñas empresas. La legislación de convenios colectivos, la de despidos, las licencias, etcétera, o bien no se aplican para las pequeñas o se ignoran. Al atravesar las diferentes barreras de tamaño, estas normas empiezan a dificultar el crecimiento, hasta que ahogan a la empresa atrevida que lo intenta.

Este efecto disuasorio de la regulación lo hemos mostrado en un trabajo reciente realizado con dos compañeros de la London School of Economics, John Van Reenen y Claire Lelarge, para el caso de Francia. En Francia, cuando las empresas alcanzan los 50 trabajadores, no tienen más remedio que cambiar radicalmente la forma en que hacen los despidos colectivos. Pues bien, encontramos que, como cabría esperar, hay muchas empresas que no pasan de la barrera de los 49: las estadísticas muestran una montaña desproporcionada de empresas en 47, 48 y 49 trabajadores, y un desplome del número de empresas de 50, 51, etcétera.

Como hemos argumentado con anterioridad en este espacio, la nueva reforma laboral está diseñada en gran parte para evitar un descalabro de la gran empresa española, y con suerte lo podrá evitar. Pero las normas para, por ejemplo, no aplicar el convenio colectivo (artículo 2.3) crean un procedimiento endemoniado que será de poca ayuda a las pymes.

La gran ayuda para las pequeñas empresas contenida en la reforma es el contrato indefinido de apoyo a los emprendedores, que permite la contratación a jornada completa con un periodo de prueba de un año y afecta precisamente a las empresas de menos de 50 trabajadores. Basado en el análisis que hemos realizado del caso francés, este contrato creará un importante efecto umbral en 50 y dificultará el crecimiento de las empresas más allá de ese número.

Par evitar la distorsión, veo dos alternativas. La primera, generalizar el contrato a todas las empresas. La segunda, propuesta por el economista Javier Andrés, cambiar de un umbral por tamaño a uno temporal, de forma que el contrato sea aplicable a todas las empresas, por ejemplo, en sus primeros cinco años de vida.

El objetivo prioritario de las reformas debe ser que la economía cree empleo y que incrementemos la productividad, para poder hacer frente a nuestros muchos compromisos futuros. Este objetivo pasa por hacer todo lo posible para que las más productivas de nuestras pequeñas y medianas empresas no tengan barreras para crecer.

Luis Garicano es catedrático de Economía y Estrategia en la London School of Economics y director de la cátedra McKinsey de FEDEA.