La dación en pago solo protegerá a las hipotecas más bajas

El Gobierno presentará hoy en el Consejo de Ministros el código de buenas prácticas con el que se pretende flexibilizar los embargos hipotecarios que realiza la banca.

Según fuentes financieras, el código establecerá que las familias que tengan una carga financiera superior al 80% de sus ingresos, se podrán acoger a las medidas de refinanciación. Esto supone una batería de pasos, que pasa por la reducción de la cuota, alargamiento del plazo y en el caso más extremo, terminará en la posibilidad de acogerse a la dación en pago. Esta figura supone que la entrega de la casa acaba con la deuda pendiente.

Otro de los aspectos relevantes es a qué tipo de hipotecas afectará el código. El Gobierno, en negociación con el sector, ha determinado que en las ciudades de más de un millón de habitantes, se protegerá a las hipotecas inferiores a 200.000 euros. Así va descendiendo en una escala hasta llegar a las poblaciones de menos de 100.000 habitantes, donde se cubrirán los préstamos hipotecarios inferiores a 120.000 euros. Estas escalas se han fijado teniendo en cuenta el valor de las viviendas medias de protección oficial.

Se protegerá a las hipotecas inferiores a 200.000 euros en las ciudades grandes y de menos de 120.000 en municipios pequeños

Además, para que una familia se pueda acoger al código tiene que tener todos sus miembros en paro. Tampoco pueden contar con un patrimonio (financiero, inmobiliario o de cualquier tipo), con el que podrían hacer frente a la deuda.

Los bancos que se acojan voluntariamente a este código, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado, deberán permanecer un mínimo de dos años. Para mayor defensa de los clientes, se ha establecido que el incumplimiento de estas normas serán denunciables y se podrá reclamar indemnizaciones, si hubiera lugar a ellas.

Las entidades financieras temen que el 'efecto llamada' haga que clientes que podrían pagar y dejen de hacerlo

El sector financiero ha vivido con inquietud la redacción de este código. Algunas entidades creen que “el Ministerio de Economía quiere transmitirlo a la sociedad como una acción social”. La banca, con el apoyo del Banco de España, ha insistido en que si se establecen condiciones “demasiado protectoras, el resultado será que se eleven mucho los márgenes actuales de los préstamos y lo pagarán todos los clientes”, amenaza.

Otro de los riesgos que destacan es que puede provocar el “efecto llamada”. Esto es que clientes que podrían pagar dejen de hacerlo al conocer las condiciones ventajosas. Alguna entidad comenta que hay familias que prefieren mantenerse en la vivienda, una vez que dejan de pagar el crédito, porque saben que se tarda dos años de media en producir el desalojo. Desde las asociaciones en defensa de los afectados por la hipoteca se rechaza estos planteamientos. Ellos destacan que las familias que están en estos casos llegan después de situaciones personales muy difíciles “y se enfrentan a bancos con escasa capacidad de flexibilizar los pagos”.

El Gobierno presenta este viernes en el Consejo de Ministros el código de buenas prácticas con el que se pretende flexibilizar los embargos hipotecarios que realiza la banca. Según fuentes financieras, el código establecerá que las familias que tengan una carga financiera superior al 80% de sus ingresos, se podrán acoger a las medidas de refinanciación. Esto supone una batería de pasos, que pasa por la reducción de la cuota, el alargamiento del plazo y en el caso más extremo, terminará con la posibilidad de acogerse a la dación en pago. Esta figura supone que la entrega de la casa acaba con la deuda pendiente.

Otro de los aspectos relevantes es a qué tipo de hipotecas afectará el código. El Gobierno, en negociación con el sector, ha determinado que en las ciudades de más de un millón de habitantes, se protegerá a las hipotecas inferiores a 200.000 euros. Así va descendiendo en una escala hasta llegar a las poblaciones de menos de 100.000 habitantes, donde se cubrirán los préstamos hipotecarios inferiores a 120.000 euros. Estas escalas se han fijado teniendo en cuenta el valor de las viviendas medias de protección oficial.

Además, para que una familia se pueda acoger al código tiene que tener todos sus miembros en paro. Tampoco pueden contar con un patrimonio (financiero, inmobiliario o de cualquier tipo), con el que podrían hacer frente a la deuda.

Los bancos que se acojan voluntariamente a este código, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado, deberán permanecer un mínimo de dos años. Para mayor defensa de los clientes, se ha establecido que el incumplimiento de estas normas serán denunciables y se podrá reclamar indemnizaciones, si hubiera lugar a ellas.

El sector financiero ha vivido con inquietud la redacción de este código. Algunas entidades creen que "el Ministerio de Economía quieren transmitirlo a la sociedad como una acción social". La banca, con el apoyo del Banco de España, ha insistido en que si se establecen condiciones "demasiado protectoras, el resultado será que se eleven mucho los márgenes actuales de los préstamos y lo pagarán todos los clientes", amenazan.

Otro de los riesgos que destacan es que puede provocar el "efecto llamada". Esto es que clientes que podrían pagar dejen de hacerlo al conocer las condiciones ventajosas. Alguna entidad comenta que hay familias que prefieren mantenerse en la vivienda, una vez que dejan de pagar el crédito, porque saben que se tarda dos años de media en producir el desalojo. Desde las asociaciones en defensa de los afectados por la hipoteca se rechaza estos planteamientos. Ellos destacan que las familias que están en estos casos llegan después de situaciones personales muy difíciles "y se enfrentan a bancos con escasa capacidad de flexibilizar los pagos".