Los Ayuntamientos piden intereses bajos y plazos amplios en el plan de proveedores

Los alcaldes han acordado hacer una contraoferta al Gobierno sobre el plan para pagar las facturas que acumulan con los proveedores. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), dio la bienvenida al mecanismo financiero propuesto, que implica acordar un préstamo con la banca con el aval del Estado. Pero encargaron a su presidente y alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, que negocie las condiciones para no hipotecar las cuentas municipales: quieren plazos amplios, un periodo de carencia y tipos de interés por debajo de los que rigen en el mercado.

A bote pronto, la valoración del plan del Gobierno es positiva. Pero los alcaldes quieren aclarar cuanto antes las condiciones de la financiación. “Es un decreto muy importante y muy valioso”, indicó a la salida de la reunión el vicepresidente primero de la federación y alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero. Las organizaciones que representan a las grandes empresas proveedoras calculan entre 30.000 y 40.000 millones la deuda acumulada por todas las Administraciones en los últimos años. “Sería un balón de oxígeno muy importante para la economía y el empleo”, añadió Caballero.

El decreto, publicado este sábado, establece un exigente calendario a los ayuntamientos -recopilar todas las facturas antes del 15 de marzo, presentar planes de ajuste antes de abril-, y también, algunos criterios para los proveedores: renunciarán a los intereses de demora y cobrarán antes si perdonan deuda. Pero no da pistas sobre las condiciones financieras, que deben salir de la negociación entre el Ejecutivo y la banca. Y es ahí donde los alcaldes quieren hacerse oír.

Zoido defenderá ante el Ministerio de Hacienda que el préstamo establezca un periodo de carencia de entre dos y tres años, un plazo de amortización amplio (hasta 12 años) y un tipo de interés que se sitúe por debajo del mercado. Aquí se manejan como referencia que varios bancos, a los que el BCE presta dinero al 1%, están acudiendo a emisiones de deuda pública española con remuneraciones cercanas al 5%.

“Quienes tienen que beneficiarse de esta medida deben ser los proveedores a los que se les debe y los ayuntamientos que pagan, pero en ningún caso pueden ser los bancos”, advirtió Gaspar Zarrías, secretario de Política Municipal del PSOE.

El alcalde de Murcia y presidente de la Comisión de Hacienda de la FEMP, Miguel Angel Cámara, señaló que “la voluntad de los ayuntamientos es pagar de la mejor manera posible”, pero las condiciones para la devolución de los créditos han de posibilitar que “continúe la actividad municipal” y que sean “asumibles” para las finanzas de los entes locales. Los alcaldes aseguraron que cumplirán la exigencia de presentar todas las facturas antes del 15 de marzo

En la FEMP también se analizó con preocupación la posible injerencia que, a su juicio, podría provocar el decreto en la autonomía municipal. La norma del Gobierno impone la formulación, en menos de un mes, de planes de ajuste para justificar cómo se devolverá el préstamo, lo que puede llevar a tomar decisiones sobre tasas y servicios públicos. Además, la Federación también ha encargado a Zoido que se entreviste con los presidentes de las comunidades autónomas para reclamarles el pronto pago de la deuda que acumulan con ayuntamientos y diputaciones.