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CONSECUENCIAS DE LA CRISIS

Seré tu desahuciador

Un procurador, dos funcionarios judiciales y un cerrajero suelen ejecutar un desalojo

Son el blanco de la ira de los afectados y sus familias

El dominicano Ronale de la Cruz, en su casa del barrio de Villaverde, de la que iba a ser desalojado. Ampliar foto
El dominicano Ronale de la Cruz, en su casa del barrio de Villaverde, de la que iba a ser desalojado.

Como si fuera un general en el campo de batalla, Diego Gil observa con frialdad un mapa cargado de chinchetas de colores. Detrás de cada uno de esos puntos hay una historias de gente que no pudo pagar la hipoteca o el alquiler, decenas de familias que perdieron su empleo y contrajeron deudas que cada vez se fueron hinchando hasta dejarlos sin nada. Detrás de esas chinchetas hay un montón de familias que en los próximos días se quedarán en la calle. La crisis.

Diego Gil, un padre de familia de 41 años, pantalón vaquero, camisa a cuadros, puede imaginarse cada una de esas historias. Desde hace 20 años es el cerrajero que acompaña a la comisión judicial encargada de desahuciar en Madrid a las familias que no pueden hacer frente a las letras de sus viviendas. Así que, aunque conoce por experiencia todos los dramas que surgen cada vez que alguien se queda sin casa, Diego necesita tomar distancia. Para él es un trabajo como otro cualquiera. "Empezamos cuatro socios y yo. Al final me quedé con el negocio. En el último año, con la crisis, se ha triplicado el volumen del trabajo", relata en el despacho de Vallecas donde está colgado el mapa, en una nave de 400 metros cuadrados donde se acumulan lámparas, macetas y muebles de las casas que han quedado vacías "por imperativo legal". Gil gana un mínimo de 130 euros con cada desahucio. Lo normal es que cada día tenga que acudir a unos 15. A veces llega a los 25. "No me puedo quejar".

Gil forma parte de uno de los grupos de personas más insultado desde que los lanzamientos se han disparado -una media de 60 al día en Madrid-. Ellos son los malos. Los tipos a los que centenares de vecinos, dispuestos a paralizar los desahucios, gritan y maldicen o incluso les arrojan agua desde los balcones.

Una fría mañana de principios de febrero en el distrito madrileño de Villaverde permite ver en acción a todos los miembros de los desahuciadores. Les esperan desde primera hora de la mañana unas cien personas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, dispuestos a evitar que echen a un vecino del barrio. A las 10.30 aparece un hombre de unos 60 años, rostro serio y actitud esquiva. La gente comienza a murmurar. En seguida se extiende la idea de que se trata del procurador del banco, uno de los tres miembros de la comisión que hoy tienen la misión de echar a un dominicano llamado Ronale de la Cruz, a su pareja y a sus seis hijos.

"Solo nos limitamos a aplicar las leyes. Los responsables son las que las hacen", dice un funcionario

En unos minutos llegan cuatro furgones de policía. Poco después, el abogado de Ronale y una monja de la congregación de Nuestra Señora del Carmen, tutora de uno de los hijos menores del dominicano, tratan de convencer al procurador para que hable con el banco y suspenda el lanzamiento. "Yo acato órdenes", se excusa con sequedad. La gente empieza a escupir las consignas más repetidas en los últimos meses: "¡Vergüenza me daría echar a una familia!".

El procurador se impacienta. Está solo ante los familiares y amigos de Ronale. Las conversaciones junto al portal de la vivienda mentan a los bancos y arremeten contra sus malas prácticas. "Siempre pagan los mismos", masculla uno de los asistentes. Más lemas: "¡Ninguna casa sin gente, ninguna gente sin casa!". El procurador llama por teléfono y solicita hablar con el funcionario que representa al juez en el desahucio y que se retrasa.

Este no llega hasta el mediodía. Su nombre es Javier Molina y cuando aparece ni siquiera puede acercarse a la casa. La policía impide el acceso para evitar el enfrentamiento entre los manifestantes y la comisión judicial, que a esas horas ya está al completo: el procurador, el funcionario del juzgado, su auxiliar y dos cerrajeros.

"Para nosotros es desagradable", dice Javier Molina a pocos metros de la vivienda que va a desalojar. "Solo somos un eslabón de una cadena. Nos limitamos a aplicar la ley. Los máximos responsables son los que la hacen", se excusa Molina.

Tanto él como su auxiliar se encuentran algo aturdidos por la expectación que se ha levantado. Molina solo lleva dos meses trabajando en la comisión que ejecuta los lanzamientos. En Madrid hay 13 comisiones, que entre todas ejecutan una media de 60 desahucios diarios. Por su nuevo puesto, Molina cobra un plus de 130 euros. "Yo también tengo que pagar mi hipoteca", se defiende para rebatir la impopularidad de su profesión.

El abogado de Ronale trata de negociar con Molina. De todo el grupo de desahuciadores, este funcionario parece el más dispuesto a llegar a un acuerdo. "Mi cliente está presentando trámites para que le concedan un alquiler de un piso de protección oficial", les dice el letrado para pedirles una demora en la ejecución del lanzamiento. Solo consigue un aplazamiento de ocho días. Al procurador no parece gustarle demasiado la idea, pero finalmente acepta porque en el piso de Ronale todavía hay muebles que retirar. Los dos cerrajeros, enfundados en un mono azul, se mantienen de pie en un segundo plano. Contemplan cómo Molina redacta de puño y letra los acuerdos a los que han llegado. Las monjas del colegio de los niños tampoco pierden detalle.

En la casa de Ronale de la Cruz (48 años), de 35 metros cuadrados, nadie ha hecho las maletas. En el salón, las plantas y los retratos de los seis hijos (de 21 a 4 años) siguen en la mesa auxiliar. Una vecina reparte café en una jarra de plástico. No es el escenario común de los desahucios. En el 90% de los casos, el piso se encuentra vacío, algo habitual tras la última reforma legal, que entró en vigor en octubre de 2011. Con la nueva norma, el inquilino o hipotecado dispone de diez días para abandonar el inmueble o argumentar por escrito las razones por las que considera que no debe pagar lo que se le reclama. Si no lo hace, el secretario judicial, sin necesidad, de celebrar un juicio, envía una carta con la fecha del desalojo.

Esta reforma ha quedado solo sobre el papel. "La fuerte crisis económica ha precipitado el número de desahucios y, debido a la fuerte demanda, ahora es difícil aplicarla, se tiene que concretar fecha y hora del juicio y del lanzamiento. Si la agenda está atestada, poco se va a agilizar", advierte Julián Caballero, procurador desde hace más de 20 años. Los procedimientos de desahucio presentados en los juzgados españoles en el tercer trimestre del pasado año ascendieron a 10.869, un 14,2 % más que en el mismo periodo del año anterior, según el Consejo General Poder Judicial.

Un desahucio no es agradable para ninguna de las dos partes. Pero cuando el desalojo es por no poder hacer frente a una hipoteca, la cosa se le complica más a la comisión judicial porque es frecuente que al menos un centenar de personas acudan en apoyo de la familia en apuros. "Vergüenza me daría, echar a una familia", repiten a gritos a los encargados de ejecutar el desahucio.

Ronale no será desahuciado por ahora. Se instaló en Madrid en 2002. Pensó que España podría ser un buen lugar donde obtener un futuro mejor. Consiguió trabajo en la construcción y en una fábrica de montajes de coches, empleo que le duró hasta hacer tres años. Ahora vive del subsidio de desempleo, 465 euros que no le alcanzan para pagar la letra del banco y sacar adelante a su familia numerosa.

El dominicano sale al balcón y agradece al gentío el apoyo que ha recibido durante todo el día. Llora y alza el puño ante una emocionada audiencia que aplaude en la calle. "¡Gracias. No estoy solo!", grita.

Los tres miembros de la comisión judicial, el procurador, el funcionario Molina y su auxiliar buscan un taxi con la mirada. Cuando aparece, suspiran tranquilos. Suben al coche y se dirigen a acometer su tercer lanzamiento del día. El desahucio de Villaverde se ha prolongado más de lo previsto. Todavía les queda una larga jornada que a veces se prolonga hasta las diez de la noche.

Para Molina, las jornadas transcurren en un coche que le desplaza a las casas de las que tiene que expulsar a las familias. Una vez localizada la vivienda, llama al timbre. Si nadie responde, el cerrajero desmonta la cerradura y cambia el mecanismo, de forma que no pueda ser abierta con las viejas llaves. La comisión no sabe cuánto tiempo le va a llevar ni en qué condiciones se va a encontrar el inmueble. "Cada día es diferente", asegura Molina.

En países como Francia, los lanzamientos se paralizan durante el invierno, aunque en primavera se disparan. En España, esta paralización solo está contemplada por "razones humanitarias" durante las Navidades.

Los cerrajeros que asistieron al lanzamiento de la casa de Ronale se ahorraron el mal trago. Esa misma mañana, Diego Gil, el cerrajero de Vallecas, tuvo que enfrentarse a 20 desahucios. Está casado, tiene dos hijos y es del Atlético de Madrid. "Somos unos sufridores", bromea. La empresa de Gil también se dedica a las mudanzas, pero reconoce que eso no es suficiente para sacar adelante el negocio. Su compañía tiene un valor añadido que muy pocas poseen: recoge con un camión los enseres de los desahuciados y los lleva a su nave. Por eso, muchos procuradores confían en él. En ocasiones se puede suspender un lanzamiento porque todavía quedan objetos personales en las casas.

Algunas familias sobre las que pesa una orden de desahucio se las ingenian para dilatar su estancia en la vivienda. Aunque lo más habitual es que hagan las maletas al conocer la fecha en la que van a ser expulsados. "Antes nos encontrábamos bastantes sorpresas", recuerda Julián Caballero, procurador desde hace más de 20 años. "Es violento irrumpir en un espacio tan íntimo como la casa y encontrarte con los niños correteando por la casa y el marido y la mujer tumbados en el sofá".

Julián sonríe al recordar lo que él llama "el desahucio del Real Madrid". Se trataba de echar de su domicilio a una anciana que tenía tantos perros como la plantilla del equipo de fútbol. La señora había decidido llamarles a cada uno con el nombre de un jugador. En este caso, tuvieron que llamar a la perrera... y el desalojo se tuvo que posponer.

Otra situación bastante común a la que se enfrentan los desahuciadores es que el afectado alegue que está muy enfermo, hasta el punto de no poder levantarse de la cama. Entonces la comisión debe llamar a un médico que certifique si realmente sufre algún tipo de enfermedad.

Algunos conocen muy bien la legislación. "En ocasiones nos han abierto la puerta terceras personas haciéndonos creer que nos habíamos equivocado". A la comisión judicial no le ha quedado más remedio que dar parte al juzgado, pese a detectar que se trataba de una triquiñuela más.

Los lanzamientos se han triplicado en el último año. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y el movimiento 15-M se han aliado por la misma causa. Convocan reuniones semanales para encontrar soluciones a lo que ellos consideran las condiciones abusivas de los bancos. Para ayudar a un afectado solo ponen dos condiciones: "Debe tratarse de desahucios cometidos por entidades bancarias y que el afectado se implique en las reuniones que se celebran cada martes", apunta Miguel un portavoz de la plataforma.

Las hemerotecas están plagadas de sucesos en el que el desahucio se ha complicado más de lo razonable. En Barcelona, una mujer acabó con la vida de tres personas e hirió a 13, obligando a desalojar de sus casas a 40 personas. Este tipo de sucesos los provoca la desesperación.

El cerrajero Gil considera que desahuciar un piso habitado por una persona que padece el síndrome de Diógenes es de las situaciones más desagradables. Tampoco olvidará los días en los que se ha encontrado pisos cuyo inquilino se había quitado la vida. "Es una desgracia. Algunos deudores están con el agua al cuello y se suicidan", confiesa.

Cuando Gil integra a un nuevo trabajador en la plantilla le advierte que tiene que estar preparado para cualquier cosa. Las más duras son los lanzamientos hipotecarios, especialmente cuando el avalista acaba perdiendo también su piso. "Hace cinco años, cuando no había tanto ruido sobre esto, tuvimos que echar de su casa a una pareja de ancianos que había avalado con su casa la hipoteca de su hijo. Fue muy desagradable y salí bastante tocado".

Un movimiento para lograr que el banco perdone la deuda

Los lanzamientos se han triplicado en el último año. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y el movimiento 15-M se han aliado bajo una misma causa: conseguir la dación en pago, o lo que es lo mismo, que el banco perdone la deuda a cambio de entregar la vivienda.

Convocan reuniones semanales donde discuten soluciones a lo que ellos consideran unas condiciones abusivas de las entidades bancarias. La plataforma considera que el presente mes de febrero es uno de los más críticos. Hay convocadas 11 manifestaciones para intentar impedir desahucios.

La plataforma tratará de parar, por segunda vez, el desahucio de Anuar y su familia, vecinos del distrito de Tetuán, en Madrid. Este libanés de cuarenta años fue el primer caso en el que la plataforma y el 15-M aunaron sus fuerzas, el 15 de junio de 2011. Ese día se armó un gran revuelo. Cayo Lara, el líder de IU, tuvo que salir de allí entre abucheos y cubos de agua. Entre las últimas acciones en las que el movimiento ha actuado destaca una concentración en la calle de Sebastián Elcano, número 36, de Madrid para apoyar a los okupas que residen en un edificio de Bankia. Más de 200 manifestantes formaron una gran cadena humana alrededor del edificio.

La semana pasada, una decena de indignados ocupó uno de los pisos de este edificio del barrio de Embajadores con el objetivo de defender 'espacios liberados de la especulación de los bancos'.

En toda España, la plataforma ha logrado aplazar 115 desalojos de familias que tenían un pie en la calle. El primer desahucio se paralizó el 3 de noviembre de 2010 en la localidad catalana de Bisbal del Penedés, en Tarragona.

El 29 de diciembre, la Mesa del Congreso acusó recibo de la iniciativa legislativa popular que promueve la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. El movimiento vecinal, sindicatos mayoritarios, algunos partidos políticos y organizaciones ciudadanas secundaron esta proposición de ley para que se regule la dación en pago, la paralización de los desahucios y el alquiler social.

El lunes pasado, el movimiento se reunió para que se validaran las hojas de recogida de firmas. A partir de ahí tendrá nueve meses para obtener el medio millón de firmantes, el número necesario para que prospere la iniciativa. Los activistas esperan superar el medio millón de firmantes dado el gran número de afectados.

Algunos integrantes del movimiento han pedido a los Gobiernos que medien entre los bancos y las familias antes de que estas sean desahuciadas. A todo esto se ha sumado también la Asociación de Usuarios de Banca, Adicae, que ha alertado de que las hipotecas y las escrituras firmadas ante notario 'están plagadas de cláusulas abusivas y de irregularidades', otra rendija para evitar desahucios.

A todos los problemas que ya tienen las familias que han sido desahuciadas se añade el de las pertenencias que dejan atrás: muebles, juguetes, electrodomésticos y toda clase de posesiones. Las pertenencias acaban convirtiéndose en la mayoría de las ocasiones en otra carga. Hay quienes consiguen hacerse con un medio para guardarlos en otros lugares, pero lo normal es que todas las posesiones vayan a parar a un almacén en las afueras de las ciudades. Allí se depositan durante un mes. Si en ese tiempo el dueño no los retira, deberá pagar una tasa que varía en función del tiempo y del espacio que ocupan todos sus enseres.

El dueño puede recuperar sus pertenencias en un periodo de dos años. Si no lo hace, el Ayuntamiento pasa a ser el nuevo propietario.