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La banca deberá provisionar al 50% los pisos que tenga tres años sin vender

El Gobierno podrá acelerar la venta de NovaGalicia y CatalunyaCaixa

La vivienda es uno de los ejes de la reforma financiera del Gobierno. Consciente de la enorme cantidad de pisos sin vender (se calcula que en torno a un millón) y de la riqueza que generaría la reactivación del mercado, incluidos los ingresos en impuestos, ha apretado las tuercas a la banca para que no se los quede. Los pisos de promociones terminadas y “las viviendas de particulares que no hayan sido residencia habitual de los prestatarios” que tenga la entidad “en pago de deudas” deberán tener cubierto su valor en un 50% cuando hayan pasado más de tres años desde su adquisición.

Esto supone que, a cierre de este año, esas promociones y segundas residencias de particulares, principalmente de costa y de montaña, que estén en los balances bancarios desde 2009, tendrán que estar cubiertas en la mitad del precio de coste. Las exigencias son aplicables a los inmuebles en poder de la banca hasta el 31 de diciembre de 2011.

Luis de Guindos, ministro de Economía, aseguró que esta reforma sacaría muchas viviendas al mercado y abarataría los precios. Para Ángel Serrano, director general de negocio de Aguirre Newman, la conclusión es clara: “La nueva contabilidad de la reforma financiera supone un reconocimiento de que después de cuatro años de crisis, los precios no se han ajustado a la baja a la misma velocidad que lo hicieron al alza”.

En un principio, lo que transcendió de la reforma es que los pisos estarían provisionados en un 35%, pero el Boletín Oficial del Estado desveló los detalles del calendario escalonado de provisiones, dotaciones de dinero para anticipar posibles pérdidas. La máxima cobertura se aplica al peor activo, el suelo. Los créditos morosos o subestándar para compra de suelo o los terrenos que las entidades han recibido en pago de deudas, deben estar cubiertos en un 80%. Los planes de saneamiento deben presentarse antes del 31 de marzo. La reforma, según algunos expertos consultados, es una enmienda a la política del anterior Gobierno sobre el sistema financiero y a la lentitud (“indecisión”, dijo Mariano Rajoy) del Banco de España.

La norma abre dudas sobre el futuro de NovaGalicia Banco y Catalunya Caixa. “Se procede a la supresión de la posibilidad que tenía el FROB de desinvertir, en el plazo de uno o dos años, los títulos adquiridos a las entidades emisoras o a terceros inversores propuestos por la entidad”. Esta críptica frase podría ser el final del acuerdo entre los directivos de estas dos entidades con el Banco de España por el cual podrían seguir al frente hasta encontrar inversores. El ministro dijo el jueves que las cajas nacionalizadas “deberían venderse lo antes posible”. Con esta idea, da la impresión de que el Gobierno busca que NovaGalicia y Catalunya Caixa sigan los pasos de CAM, Unnim y Banco de Valencia y sean subastadas lo antes posible. También se acorta el plazo máximo de desinversión del FROB de cinco a tres años.

La reforma aprieta, pero no quiere ahogar, al menos no quiere que la paguen los clientes. La norma permite que las entidades que tengan participaciones preferentes o deuda convertible en acciones soliciten antes del 31 de marzo “diferir por un plazo no superior a 12 meses el pago de la remuneración prevista” si entran en pérdidas o se quedan sin capital por los saneamientos. Pasado el año, si tienen resultados positivos o el capital adecuado, podrán pagar los intereses. Hasta el momento, el pago del cupón de las preferentes, renta fija perpetua, se anulaba cuando la entidad emisora entraba en pérdidas, como ocurrió con la CAM, generando un gran revuelo entre los clientes.

El real decreto concreta un tema también desconocido: en las entidades que necesiten ayuda, el FROB suscribirá convertibles contingentes, denominadas CoCos (renta fija). Las entidades deberán comprometerse a recomprarlas en cuanto estén en condiciones de hacerlo. El FROB podrá convertir los títulos en acciones si pasan cinco años (ampliables a siete) sin que hayan sido recomprados o si, antes, el Banco de España considera improbable que su recompra pueda llevarse a cabo en ese plazo. Lo que se desconoce es lo más importante: el tipo de interés a pagar por estas ayudas públicas. Se ha barajado el 8%, pero fuentes financieras apuntaron ayer que deberá ser superior “porque de lo contrario, Bruselas podría considerarlas ayudas de Estado y se computarían directamente como déficit”.

Sobre las restricciones de salarios, la norma aclara que si una entidad se fusiona con otra sometida al control de retribuciones, solo tendrán límites salariales los directivos de la entidad que necesitó ayudas, aunque también estos pueden modificarse.

Las entidades que se fusionen tendrán “un objetivo cuantificado de incremento del crédito a las familias y pequeñas y medianas empresas durante los tres ejercicios siguientes a la integración”. Guindos habló de “incremento o mantenimiento del volumen de crédito”, pero el real decreto dice solo “incremento”, aunque no queda claro que el incumplimiento del “objetivo” tenga consecuencias. Además, deberán presentar un plan a tres años de desinversiones inmobiliarias.

La norma deja a criterio de Economía autorizar fusiones que solo supongan un aumento de balance del 10% (y no del 20%), “atendiendo a las circunstancias concurrentes en operaciones de análoga dimensión”.

El Banco de España defendió ayer la reforma financiera ante inversores, analistas y representantes de las entidades. En una reunión con el director general de Regulación, José María Roldán, se destacó el potencial del decreto para “el saneamiento del sector del ladrillo” en los balances. Según alguno de los presentes, una de las cuestiones que más interés suscitó fue el tipo de interés de los bonos convertibles (CoCos) que tendrán que pagar las entidades que necesiten capital. Roldán, tanto a esa pregunta como a otras, comentó que el asunto no estaba concretado. El director general sí afirmó que una entidad que necesite capital y, en cuatro meses no presente un plan de fusión, será nacionalizada. Algunos inversores mostraron su escepticismo sobre si esta será la solución final para el sistema financiero español.