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Los supervisores descartan un impacto económico en el recargo de capital a la gran banca

El Consejo de Estabilidad Financiera limita la merma en el PIB a menos del 0,01%.- El requisito adicional para los gigantes financieros varía entre el 1% y el 2,5% de los activos

Tras meses de dilaciones, síntoma de un debate enconado, el G-20 decidirá por fin este mes de noviembre como encaja en la reforma financiera a los grandes bancos, aquellos que los Estados no dejan caer por su efecto multiplicador en el sistema. Buena parte de la propuesta que debe presentar el Consejo de Estabilidad Financiera ya está madura desde junio. Ahora, el organismo internacional que impulsa la reforma, se ha parado a analizar el impacto económico de la exigencia adicional de capital a estas entidades, que concentran buena parte del crédito internacional. Y su conclusión es contundente: "Como mucho tendría un impacto muy modesto en la producción, cuando los beneficios de reducir los riesgos de crisis financieras serán sustanciales".

Esta crisis financiera, que explotó cuando se dejó quebrar en septiembre de 2008 a uno de esos gigantes, el banco de inversión Lehman Brothers, ha evidenciado la privilegiada posición de la gran banca en la economía internacional. Su tamaño y su participación en todo tipo de operaciones de crédito, más o menos arriesgadas, implican que cuando una de estas entidades amenaza con irse a pique, sea cuál sea la vía de agua (la brusca depreciación de activos tóxicos, créditos inmobiliarios o títulos de deuda pública), la incertidumbre se propaga como un reguero de pólvora, el préstamo se seca y la economía real se contrae, como demostró la Gran Recesión. Eso pone una presión casi ineludible sobre los Estados que se aprestan a poner dinero público cuando uno de estos gigantes está en apuros. Y el banco francobelga Dexia es solo el último botón de una muestra prolija.

La constatación de la enorme influencia de los gigantes financieros en la economía mundial ha activado varias iniciativas para extremar su vigilancia y para evitar que el peso de crisis bancarias futuras vuelva a recaer en los contribuyentes. Por mandato del G-20, el Consejo de Estabilidad Financiera decidió dar un tratamiento específico a las "entidades sistémicas" dentro de la reforma financiera. Si a todos los bancos se les exigirá más capital para que tengan más capacidad de asumir futuras pérdidas (el ratio de capital ordinario debe subirse del 2% al 7% de los activos ponderados por riesgo entre 2013 y 2019), a los grandes bancos se les impondrá un recargo adicional.

El comité de Basilea, que reúne a los principales bancos centrales, ya planteó en junio establecer cuatro tramos de recargo para las entidades sistémicas, que oscila del 1% al 2,5% adicional según su importancia en el sistema financiero internacional. En definitiva, el capital de mayor calidad (acciones y reservas) que se exigirá a los grandes bancos en 2019 irá del 8% al 9,5% de los activos ponderados por riesgo. El comité también estableció los criterios para definir a qué entidades se les aplicaría el recargo. Y anunció que en la lista están una treintena de bancos. No dio nombres, pero el Ministerio de Economía dio por hecho que en ella se ha incluido al Santander y al BBVA.

A partir de esas nuevas variables (un recargo adicional de entre el 1% y el 2,5% a una treintena de entidades), los técnicos de varios bancos centrales han hecho simulaciones sobre el impacto económico de esta medida. La conclusión es que el aumento de capital puede llevar a los bancos a encarecer los créditos, pero de manera muy limitada. Y que eso tendrá una incidencia casi inapreciable en la marcha de las economías afectadas, apenas un 0,01% del PIB menos. Por contraste, los supervisores creen que las ganancias de una medida así, por la reducción del riesgo de una crisis bancaria, equivalen al 0,5% anual.

En conjunto, los supervisores estiman que las nuevas exigencias de capital a toda la banca pueden llegar a reducir el PIB anual en un 0,4%, mientras que el descenso del riesgo financiero equivaldría al 2,5% del PIB. Es un cálculo diametralmente distinto al que hizo el Instituto de Finanzas Internacionales, que aglutina a 400 grandes entidades financieras. El Instituto mantuvo que la reforma financiera se comería diez millones de puestos de trabajo en los países avanzados, que sufrirían un recorte promedio del 3% del PIB en un periodo de cinco años.

El Consejo de Estabilidad no da ningún valor a los cálculos del sector. Sí advierte de que si el aumento de capital se hace más rápidos, como se exige ya en muchos foros, FMI incluido, el impacto será algo mayor, pero en todo caso, limitado.