La Fiscalía del Supremo apoya la venta de Cacaolat en Barcelona

La fiscalía del Tribunal Supremo apuesta porque el futuro de Cacaolat se decida en el juzgado mercantil número 6 de Barcelona, que es quien tramita el concurso de acreedores presentado por Clesa, dueña de la marca de batidos integrada en el conglomerado Nueva Rumasa, y la venta de la unidad productiva.

En un escrito revelado ayer por EFE, el Ministerio Público considera "mal planteada" la cuestión de competencia que elevó el juzgado mercantil número 6 de Madrid, que gestiona la venta de las acciones de Cacaolat. La fiscalía apunta en su escrito que "ninguna parte ha puesto objeción alguna a la competencia objetiva ni funcional del Juzgado de Barcelona" sobre el concurso de acreedores de la marca de batidos.

Precisamente el lunes el titular del juzgado barcelonés abrió los cuatro sobres con las cuatro ofertas de las empresas que aspiran a comprar Cacaolat: Capsa-Central Lechera Asturiana (que con 48 millones de euros es quien más ofrece), Grupo Vichy, la alianza entre Damm-Cobega y Victory, y Roures Reingeeniering (integrada por ex directivos de Cacaolat y en la que está también la empresa Maheso). Los administradores concursales tienen hasta el próximo viernes para emitir un informe sobre las cuatro ofertas y presentarlo al juez. Después las partes podrán alegar y el juez elegirá entre las tres finalistas para que presenten contraofertas.

Los empleados de Cacaolat y sus asesores legales se han mostrado convencidos desde el primer día que tras la intención de que la venta de la firma se produzca en Madrid está la voluntad de que la compra sirva para pagar la deuda de Clesa, que tiene el 95% de las acciones y una situación financiera mucho más delicada. "Aunque no sea una decisión definitiva del Supremo, es bueno que la fiscalía apoye la venta en Barcelona", subrayó ayer el presidente del Comité de Empresa de Cacaolat, José Miguel Miguel (UGT). El lunes, durante la apertura de los sobres, los trabajadores celebraban que las ofertas presentadas prometan el mantenimiento de los 500 puestos de trabajo de Cacaolat; el único temor que expresaban era que el Supremo se pronunciara a favor del juzgado de Madrid.