Nueva Rumasa hizo desaparecer la mitad del dinero que obtuvo al hipotecar Carcesa

Nueva Rumasa hipotecó en 2008 los activos de Carcesa con el Banco Santander por un importe de 30 millones de euros, de los que cerca de la mitad (14,31 millones de euros) han desaparecido después de ser transferidos en última instancia al Banco Etcheverría. Así lo refleja el informe de la administración concursal, en el que se explica que de los 30 millones obtenidos, 15,16 millones se destinaron a cancelar un préstamo de Clesa y 525.000 euros se dirigieron a pagar una serie de gastos.

El resto, 14,31 millones, fueron traspasados de Banesto al Banco Etcheverría, desde donde fueron retirados mediante disposiciones en efectivo que hacen que se pierda la pista de su paradero. Para conocer los movimientos de fondos realizados en algunas de las cuentas de Carcesa, los administradores concursales tuvieron que enviar un burofax al Banco Etcheverría el pasado 17 de junio para requerirle que enviara los justificantes de las transferencias realizadas desde una de las cuentas.

Entre otras operaciones sospechosas, el informe también explica que cuando Nueva Rumasa adquirió Carcesa y la empresa Consiber, la tesorería existente en estas compañías (11,7 y 3,3 millones de euros, respectivamente) fue transferida a Banesto y de esta entidad al Banco Etcheverría, de donde se sacó en efectivo desconociéndose el destino de los mismos.

Según el informe, Carcesa realizó desde marzo de 2008 transferencias bancarias a otras empresas del grupo por valor de 57,38 millones de euros, lo que ha llevado a la administración concursal a pedir a los antiguos gestores el pasado 21 de junio que aporten un informe desglosado y detallado de las mismas (sin que se haya facilitado hasta la fecha).

La administración concursal de Carcesa ve "indicios" para considerar a la familia Ruiz-Mateos culpable de la insolvencia de la empresa extremeña, después de detectar las citadas disposiciones en efectivo de sus cuentas bancarias, sin justificación y con destino desconocido.

"Casi todas las entidades que recibieron dicho dinero están en situación de concurso de acreedores y parece difícil la consecución de su crédito", alertan los administradores concursales, que también se quejan de la existencia de sociedades radicadas en paraísos fiscales que dificultan la búsqueda de bienes y el recobro de las cantidades adeudadas.

Por ello creen que "existen indicios" para calificar como culpable de la insolvencia a la administración social (el sobrino de José María Ruiz-Mateos, Zoilo Pazos Jiménez) y a "otros administradores de hecho". Todos ellos serían condenados a cubrir con sus bienes el agujero patrimonial de Carcesa, que cuenta con activos valorados en 178,05 millones de euros, frente a deudas de 245 millones.

La administración concursal también ha detectado "situaciones de agravamiento de la insolvencia" que corresponden a entidades de crédito, entre las que destaca el Banco Etcheverría, según fuentes jurídicas consuladas por Efe.

El informe revela que el administrador social de Carcesa extrajo supuestamente hasta 54,4 millones de euros en disposiciones en efectivo de las cuentas de la firma en el Banco Etcheverría en 2008 y de las que no se sabe su destino.

Según explica el órgano que gestiona el concurso de acreedores, de las disposiciones en efectivo realizadas de las cuentas de Carcesa destacan las del 5 y 30 de mayo de 2008 cuando se sacaron en metálico 4,63 y 4,49 millones, respectivamente.

Los administradores concursales de Carcesa son el abogado Ismael Soto Teodoro, el economista-auditor de cuentas Pedro Bautista Martín Molina, el economista Fernando Bigeriego Porras, el abogado Emilio González Bilbao y el economista Gerardo Casado Gallardo, en nombre del acreedor Acopaex Sociedad Cooperativa.