El juez Ruz investiga a la familia Ruiz Mateos por el fraude de los pagarés de Nueva Rumasa

La investigación judicial contra José María Ruiz Mateos, su esposa, seis hijos varones y un sobrino por el fraude en los pagarés de Nueva Rumasa ya está en marcha. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha admitido a trámite la querella de 63 afectados al apreciar indicios de estafa agravada o apropiación indebida contra ellos. Ruz dará a los querellados un plazo de 10 días para abonar una fianza de 13 millones para hacer frente a las indemnizaciones que pudieran derivarse de esos delitos una vez se acredite la identidad de los responsables de las empresas investigadas, pero rechaza la posible responsabilidad civil subsidiaria del Estado que solicitaban los afectados.

Ruz se basa en lo invertido por los 63 querellantes en las empresas de Nueva Rumasa y en las reclamaciones presentadas hasta la fecha para valorar inicialmente el fraude en algo más de nueve millones de euros. El juez, sin embargo, subraya la investigación realizada por la Fiscalía Anticorrupción, que cifró en 1.017 los posibles inversores afectados que habrían desembolsado 90,4 millones. El fraude consiste, básicamente, en el incumplimiento del deber de devolver las cantidades invertidas por los pagarés, que se ofrecían a un interés de entre el 6% y el 12%. Varias de las empresas que emitieron los títulos o los avalaron -Clesa, Carnes y Conservas Españolas, Hibramer, Dhul y Bodegas Valdivia- se encuentran en suspensión de pagos.

El auto de Ruz se refiere también a la "opacidad" de Nueva Rumasa, "un conglomerado de empresas" de "muy difícil identificación al no formar un grupo consolidado cuya estructura de propiedad permita identificar una matriz común". Hacienda considera que está formado por 147 empresas (no 117, como decía la publicidad del grupo) que actúan "bajo una unidad de decisión atribuible a la familia Ruiz Mateos y, singularmente, a sus miembros varones", aunque su propiedad esté camuflada por otras sociedades de paraísos fiscales representadas por testaferros.

El juez, sin embargo, rechaza que se pueda declarar la responsabilidad civil subsidiaria del Estado que los afectados solicitaban por la supuesta negligencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores o del Banco de España. Ruz explica que no puede aceptar esa petición ya que, entre los querellados, no se encuentra ninguna autoridad o funcionario público.

La resolución ordena a Hacienda que designe a dos de sus funcionarios para que actúen como peritos para "el análisis de toda la documentación de contenido económico-financiero objeto de investigación" y nombra como "fuerza policial actuante" a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef). Además, reclama de diversos registros mercantiles toda la documentación de las empresas del grupo. También se dirige a varios juzgados de lo Mercantil para recabar información sobre las declaraciones de concurso de acreedores de varias de ellas, así como de su situación económica.