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IU, ICV y ERC se suman a la querella contra las agencias de calificación

Los grupos reclaman la comparecencia de Fernández Ordóñez en el Congreso y anuncian que también pedirán la de Conde-Pumpido

IU, ICV y ERC pedirán la comparecencia en el Congreso del gobernador del Banco de España, en el contexto de una querella criminal contra las agencias de calificación a la que se han sumado estas fuerzas políticas, por "alterar el precio de los mercados" en beneficio propio y de sus clientes. El organismo supervisor debería dar explicaciones sobre el hecho de que el control a estas agencias en España -en concreto Moody's, Standard and Poor's y Fitch- "se limite a una circular interna de tres páginas", según los abogados que representan a las cuatro organizaciones querellantes, entre ellas el colectivo ciudadano Attac.

En una rueda de prensa conjunta de los letrados y las tres formaciones que se han adherido, el abogado y miembro de la dirección de Izquierda Unida Enrique Santiago ha considerado que la querella ha sido admitida a trámite por la Audiencia Nacional, ya que, aunque el juez encargado de la instrucción, Ismael Moreno, no se lo ha comunicado, ha abierto diligencias previas al pedir la traducción de los documentos de tres demandas presentadas contra las agencias de rating en Estados Unidos a instancias de los fiscales de Connecticut, Ohio y California.

A juicio de Santiago, la principal diferencia entre la querella presentada en España, que acusa a las agencias de calificación de los delitos de "maquinación para alterar el precio de las cosas" y "utilización de informción reservada con el fin de obtener beneficio económico" (artículos 284 y 285 del Código Penal ), y las presentadas en Estados Unidos es que en estas últimas "quien ha llevado la voz cantante es la fiscalía".

Además, ha explicado que su investigación se centra en una calificación alterada por una de las agencias a tres minutos del cierre de mercado, lo que habría generado beneficios a determinadas empresas. Actuaciones como esta, alegan, colisionan con los artículos del Código Penal 2.8.4 (maquinación para alterar el precio de las cosas) y el 2.8.5 (uso de información reservada para beneficio económico).

A pesar de que estas agencias dejan claro que sus notas son simplemente "opiniones", pueden ser constitutivas de delito si tienen "una determinada finalidad para afectar al precio de las cosas", añaden. El coordinador general de IU, Cayo Lara, ha admitido que se trata de una lucha "de David contra Goliat", pero se ha mostrado confiado en que llegue a buen puerto, pues tiene "una buena base".

La portavoz de ICV en el Congreso, Nuria Buenaventura, ha denunciado "el papel del Estado, que es el que tiene que querellarse, no las fuerzas minoritarias", ya que "estas empresas están marcando la política económica a nivel general, y los recortes sociales". Por este motivo tienen también previsto pedir la comparecencia en el Parlamento del Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido.

Por último, del portavoz de ERC, Joan Tardá, ha afirmado que están en el inicio de una cruzada, una batalla contra "el icono de la perversidad del sistema", y defendió que aun cuando pudiéramos perder el caso, el solo hecho de plantar cara "es importante".