El juez pide a Jordi Carulla los documentos de los negocios de la familia propietaria de Agrolimen

Jordi Carulla, uno de los propietarios del grupo empresarial catalán Agrolimen, ha declarado esta mañana durante más de dos horas en el Juzgado de Instrucción número 4 de Barcelona y ha salido como ha entrado: imputado por un delito de fraude fiscal. Su comparecencia no ha servido, además, para demostrar la legalidad de su actuación y la de sus otros cinco hermanos en la compra-venta de empresas que conforman el grupo Agrolimen. Un informe preliminar de la Agencia Tributaria considera que defraudaron al fisco entre 2003 y 2006 en la declaración del IRPF y se estima que la cantidad podría rondar los 160 millones de euros.

Fuentes judiciales han explicado que durante las más de dos horas que ha durado el interrogatorio, la fiscalía ha preguntado a Carulla por esas operaciones y el imputado ha respondido que no las recordaba, por el tiempo transcurrido, pero se ha comprometido a aportar los documentos que avalan la legalidad y transparencia fiscal de las operaciones.

Emilio Zegrí y Fermín Morales, abogados de Jordi Carulla, han explicado a la salida de la declaración de su defendido que durante la época objeto de la investigación su cliente residió en Estados Unidos y el Reino Unido y que eso le exime de tributar en España.

La fiscalía, por el contrario, sostiene que esa exención no es automática -existen los convenios internacionales de doble tributación- y que lo verdaderamente relevante son las operaciones de compra venta de sociedades en España entre los hermanos Carulla, no el entramado de empresas residentes en el extranjero para que se perdiera el rastro de los beneficios obtenidos y no declarados.