Bruselas propone sanciones de hasta el 0,2% del PIB para países derrochadores o poco competitivos

La Comisión Europea ha propuesto hoy un paquete legislativo para ampliar la vigilancia sobre las políticas fiscales, macroeconómicas y las reformas estructurales de los estados miembros, que amplía el abanico de sanciones para los países derrochadores pero también para los poco competitivos. Las sanciones serían de hasta el 0,2% del producto interior bruto (que en el caso de España supondrían 2.000 millones de euros) para los países de la eurozona con déficit o desequilibrios excesivos, como burbujas inmobiliarias, y del 0,1% del PIB para el que ignore las recomendaciones destinadas a corregir sus desequilibrios macroeconómicos. Los castigos, abanderados por Alemania, serán semiautomáticos y se activarán en una fase temprana del procedimiento para evitar nuevas crisis de deuda como la que ha afectado a Grecia, España, Portugal e Irlanda.

El comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn, espera que las nuevas sanciones puedan aplicarse ya a partir del verano de 2011. Otras fuentes explican que lo más probable es que no entren en vigor hasta 2012 y que no tengan carácter retroactivo para los países que están ya expedientados por déficit excesivo, entre los que se encuentra España. Las sanciones se activarán incluso antes de que se supere el umbral del 3% de déficit público previsto en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. De hecho, si un país no realiza los ajustes necesarios para acercarse al equilibrio presupuestario, Bruselas le obligará a bloquear un depósito generador de intereses del 0,2% de su PIB. Cuando se sobrepase el 3% de déficit se retendrán los intereses, y el depósito se transformará en una multa si el Gobierno afectado no ha tomado las medidas exigidas para corregir el déficit.

La postura de España

En la actualidad, el Pacto de Estabilidad ya prevé este tipo de multas para los infractores, pero nunca se han aplicado en la práctica. El momento en que se estuvo más cerca de imponerlas fue en 2003, pero Alemania y Francia, que eran los países incumplidores, paralizaron el proceso y forzaron una reforma del pacto para flexibilizarlo. Bruselas quiere también que se suspendan los fondos estructurales y las ayudas al desarrollo rural a los países con déficit excesivo. La vicepresidenta del Gobierno español y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, lo ha rechazado. Las sanciones se activarán de forma semiautomática a propuesta de la Comisión, ya que se prevé un mecanismo de voto inverso, lo que quiere decir que la propuesta de sanciones presentada por la Comisión se considerará adoptada a menos que el Consejo la rechace por mayoría cualificada.

La Comisión propondrá además que se tenga más en cuenta el límite del 60% de deuda previsto en el PEC y que hasta ahora se ha ignorado. Así, un país que no supere el umbral del 3% de déficit pero que tiene una deuda por encima del umbral podrá ser objeto de un expediente por déficit excesivo si no ha logrado una rebaja de un veinteavo de la diferencia con el umbral del 60 % durante los tres últimos años.Aparte del procedimiento por déficit excesivo, el Ejecutivo comunitario ha propuesto crear un nuevo procedimiento por desequilibrios excesivos, que se traducirá en multas de hasta el 0,1% del PIB (en el caso de España, 1.000 millones de euros) para los países de la eurozona que no adopten las medidas recomendadas para frenar su pérdida de competitividad, por ejemplo para los que no eviten la aparición de burbujas inmobiliarias.

Este nuevo sistema de vigilancia se basará en una serie de indicadores para detectar de forma precoz cualquier desequilibrio que amenace la estabilidad de la economía europea. Los Veintisiete ya se han puesto de acuerdo a nivel técnico en nueve indicadores: se trata del balance por cuenta corriente, la posición neta de activos exteriores, el tipo efectivo de cambio real basado en los costes salariales unitarios, el tipo efectivo de cambio real basado en el deflactor del PIB, los precios de la vivienda, la deuda del Gobierno y el ratio de crédito al sector privado en porcentaje del PIB.

Salgado rechazó ayer lunes que se impongan sanciones a los países que pierden competitividad por considerar que ello no depende directamente de la acción del Gobierno. Pero fuentes diplomáticas explicaron que se encuentra aislada porque el resto de países de la eurozona (a los que se aplicaría en principio el castigo) están de acuerdo. La mayoría de las propuestas que presentará la Comisión este miércoles ya ha sido discutida por los ministros de Economía de la UE en el grupo presidido por el presidente permanente de la UE, Herman van Rompuy. El objetivo es alcanzar un acuerdo en octubre, aunque sigue habiendo muchas diferencias sobre la cuestión de las sanciones. Los seis textos legislativos presentados hoy supondrán, de recibir la aprobación de los Veintisiete, el mayor impulso al gobierno económico de la Unión Económica y Monetaria, con objeto de evitar nuevas crisis de deuda como la vivida en la zona euro la pasada primavera, asegura la Comisión en una nota.