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El presidente de la Generalitat anuncia un recorte "ejemplar" de sueldos de los altos cargos

Cataluña acompañará las medidas de austeridad anunciadas por Zapatero con una subida de impuestos

El presidente de la Generalitat, José Montilla, ha dado por hecho hoy que asumirá como propias todas y cada una de las medidas para combatir el déficit anunciadas por el Gobierno central y ha confirmado la reducción de sueldos para altos cargos y funcionarios, pero ha criticado que la Generalitat haya tomado antes que otros medidas para combatir la crisis. "Algunos llegan un poco tarde", ha sentenciado sin especificar si se refería a José Luis Rodríguez Zapatero o a la Unión Europea.

En una sesión de control al Gobierno monopolizada por los drásticos recortes en las cuentas públicas que incluyen bajadas de sueldo del 5% para los funcionarios, Montilla ha tenido que lidiar con una oposición de CiU y PP que le reprocha inacción y unos socios de ERC e ICV reacios a que la Generalitat y los ciudadanos deban pagar por una crisis que, a su entender, no han causado.

Montilla ha garantizado que, además de recortar los sueldos a los func ionarios, su Gobierno hará una bajada "ejemplar" de los salarios de los altos cargos incluídos los consejeros. "No sólo habrá reducción de sueldos, sino de muchas otras cosas", ha dicho el presidente de la Generalitat sin concretar más. Con todo, Montilla ha evitado comprometerse a reducir el número de departamentos de su Gobierno como le pedía el PP o a explicar por qué no ha anunciado antes la reducción de sueldos de altos cargos que le pedía Convergència i Unió. Ha asegurado que su gobierno "no ha ocultado" la crisis recordando que "otros" la negaron, en otra clara referencia a José Luis Rodríguez Zapatero.

El presidente de CiU, Artur Mas, ha tenido un discurso bien diferente al que ha protagonizado Josep Antoni Duran Lleida esta mañana en el Congreso. Mientras Duran criticaba la tardanza del Gobierno en tomar unas medidas que no ha criticado, Mas, probablemente influenciado por la cercanía de las elecciones, ha intentado ponerse al lado de los funcionarios y pensionistas que verán reducido su poder adquisitivo. El líder de CiU ha sentenciado que "los gobiernos socialistas comienzan a recortar derechos sociales".

El presidente del grupo parlamentario del PP, Daniel Sirera, le ha reprochado a Montilla que "se atreva con los funcionarios pero no con los miembros de su Gobierno". En este sentido ha vuelto a pedir a Montilla que elimine departamentos en manos de sus socios de ERC o de ICV como son el de la Vicepresidencia o el de Relaciones Institucionales y Participación.

Como avanzó EL PAÍS el Gobierno catalán lleva ya días estudiando medidas de recorte salarial a los más de 290.000 funcionarios que trabajan en Cataluña. De hecho, el consejero de Gobernación, Jordi Ausàs, presentó hace ya varias semanas un proyecto de recorte al presidente de la Generalitat, José Montilla. Ahora el Gobierno catalán deberá aplicar el decreto que prepara Zapatero e introducir los correctivos que considere oportunos.

Medidas graves

Fuentes del Gobierno catalán han admitido la gravedad de las medidas a aplicar, pero han recordado que las rebajas salariales a los funcionarios tendrán mayor repercusión en otras comunidades. En términos absolutos, Andalucía es la comunidad en la que trabajan más funcionarios, con unos 489.000, por delante de Madrid, con 414.000 y Cataluña, con 291.000.

La Generalitat también está intentando conocer de primera mano cómo afectará el plan de recorte anunciado por Zapatero a las inversiones previstas en Cataluña. Por ahora, la única línea roja que ha marcado el Ejecutivo de José Montilla es que se siga cumpliendo lo que dicta el Estatuto, o sea que el Estado destine a Cataluña el 18,8% de sus inversiones.

Recortes ya aprobados en Madrid

El consejero de Economía y Hacienda madrileño, Antonio Beteta, ha defendido hoy la bajada del sueldo a los empleados públicos, informa Soledad Alcaide. "No puede permitirse que haya un colectivo privilegiado que tenga un salario público garantizado de por vida y una estabilidad en el empleo", ha agregado el consejero. El anuncio de bajar el sueldo a los funcionarios un 5% afectará a todos los empleados públicos de la Administración central, regional y local, al modificarse la normativa general.

Beteta ha recordado que la Comunidad de Madrid ya ha tomado medidas para reducir los salarios en la Administración autonómica. Además de reducir el número de consejerías -al ritmo con el que Esperanza Aguirre ha ido quitando consejeros poco afines y reduciendo las áreas de gobierno-, el Gobierno madrileño rebajó en 2009 el sueldo a los altos cargos un 2%. Fue una medida más mediática que de ajuste, porque justo el año anterior los había subido un 12%.

Además, el Ejecutivo de Aguirre anunció en marzo otra medida efectista: recortó los coches oficiales de 125 a 77 y ordenó bajar la gama de los automóviles. La media sólo ahorra 2,1 millones de euros. Pero el plan de austeridad de la Comunidad de Madrid tiene pendiente otro capítulo, donde sí puede haber un ahorro mayor: la reordenación del sector público para suprimir o fusionar entre sí algunos de los entes públicos autonómicos.

Receta catalana: aumento de impuestos

Cataluña acompañará las medidas de austeridad anunciadas por el presidente del Gobierno central, José Luis Rodríguez Zapatero, con una subida de impuestos. El consejero de Economía y Finanzas, Antoni Castells, ha asegurado esta mañana que el Ejecutivo catalán estudia un aumento del impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP) y del de actos jurídicos documentados (AJD), ambos gestionados por la Generalitat "en paralelo" al incremento del IVA que se producirá a partir de julio.

A pesar de que no Castells no ha concretado cuál será la subida, fuentes del Ejecutivo catalán han explicado que el ITP, ahora en el 7%, podría escalar hasta el 8%, mientras que el AJD, en el 1%, podría subir medio punto. Castells sí ha explicado que el departamento que dirige está trabajando para "reducir el déficit", puesto que en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera se acordó que las comunidades deberán rebajarlo hasta el 1,2%.

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