Las constructoras calculan que el plan de Fomento impulsará el PIB cerca de un punto en cinco años

El Plan Extraordinario de Infraestructuras de 17.000 millones de euros del Ministerio de Fomento permitirá generar unos 340.000 empleos en dos años e "impulsará la recuperación económica" hasta en un punto del PIB en cinco años, según la estimación realizada por SEOPAN, la patronal de las grandes constructoras.

El presidente de la patronal constructora, David Taguas, calcula que este programa inversor aportará 0,32 puntos al PIB en el primer trimestre de su puesta en marcha, contribución que se irá incrementando hasta suponer casi un punto (0,87) en cinco años. Asimismo, considera que el aumento de actividad que generará la ejecución de las carreteras y líneas ferroviarias redundará en una subida del 1% de los salarios reales en cinco años y elevará un 1,5% la capacidad de consumo de los ciudadanos "de forma permanente", ha detallado Taguas.

En cuanto al sector se refiere, la patronal considera que permite compensar el ajuste en la inversión en obra pública impuesto por el programa de austeridad del Gobierno, abre una vía para desarrollar proyectos "necesarios para el país" y "garantiza actividad a las empresas". Por todo ello, ha trasladado la "satisfacción" de sus asociadas (entre ellas las seis grandes cotizadas ACS, Acciona, FCC, Ferrovial, Sacyr y OHL) y su "disposición" a ejecutar el plan "para que sea un éxito".

Adaptar la normativa

En cuanto al sistema de financiación, aunque Taguas ha valorado la fórmula escogida, ha solicitado al Gobierno que solvente alguna de las incertidumbres que actualmente presenta la normativa española para las empresas del sector, como la relativa a su contabilidad.

Así, pide que se adapten las normas contables para permitir que las concesionarias puedan repercutir los gastos financieros del proyecto durante los años de concesión para que la empresa matriz de la concesionaria no tenga que registrarlos en los primeros ejercicios como "pérdidas contables ficticias". Un extremo que podría afectar a las concesionarias españolas a la hora de competir por proyectos en el exterior, donde España cuenta con siete de las diez primeras empresas.

Según el sistema concesional escogido por el Gobierno, las constructoras, con el respaldo de financiación bancaria, adelantarán el importe de la obra, que posteriormente y a partir de 2014, recuperarán percibiendo del Estado un canon anual ligado al mantenimiento de la infraestructura.