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Caja Navarra y Caja Canarias unen los negocios secundarios

Fusionan el 16% de las oficinas, banca mayorista, fondos y seguros

Caja Navarra (CAN) y Caja Canarias han suscrito un acuerdo por el que ambas unirán los negocios no principales, como la banca mayorista, seguros, fondos de inversión y la cartera industrial, así como una red de 100 oficinas, el 16% del total. Esta red tendrá marca propia, Banca Cívica, y contará con unidades de tecnología, solvencia y riesgos.

Aunque en principio algunas fuentes hablaron de una fusión total, el acuerdo final ha sido bastante más limitado. Fuera queda lo que tiene más volumen y más beneficios, el 84% de la red de oficinas situadas en las regiones de origen de ambas entidades. Las cajas inician ahora la valoración económica de los negocios, por lo que no se puede cifrar el tamaño de la operación.

La CAN se queda con las oficinas de Navarra, País Vasco, La Rioja y Aragón, un total de 282 sucursales. La Caja Canarias con el negocio que aportan las 240 oficinas de Canarias y entrega las 10 que tiene fuera de su zona de origen. Ambas cajas conservarán su personalidad jurídica y sus órganos de gobierno en sus áreas de origen.

El acuerdo fue suscrito por el presidente de Caja Canarias, Álvaro Arvelo, y el director general de Caja Navarra, Enrique Goñi, que firmaron la constitución de un SIP (Sistema Institucional de Protección). La operación no pedirá dinero al Fondo de Reestructuración (FROB) y está abierta a nuevas incorporaciones.

Caja Navarra subrayó que, con este acuerdo, se potenciará el modelo de negocio de Banca Cívica como estrategia de crecimiento del grupo, un sistema por el que los clientes deciden cómo repartir la obra social y conocen cuánto dinero están movilizando con sus elecciones. Se trata de un modelo que Caja Navarra aplica desde hace cinco años y al que se han sumado más de 4.000 entidades sociales de toda España, junto con sus entornos de influencia. Esta operación, que cuenta con una valoración preliminar positiva por parte del Banco de España, ha sido aprobada por los órganos de gobierno de las dos entidades, que en su momento deberán ratificar los avances que se vayan produciendo en el proceso.