Trabajo ofrece que la nueva ayuda a parados se aplique desde el 1 de junio
Los sindicatos juzgan "insuficiente la propuesta" y piden la universalización
El Gobierno tiene difícil aprobar en el Parlamento la nueva ayuda para los parados sin prestación. Consciente de ello, Zapatero anunció cambios en el decreto que lo regula previa negociación con sindicatos y grupos parlamentarios. Y ayer echaron a andar las conversaciones. A las nueve de la noche, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, recibió a los secretarios de Acción Sindical de CC OO, Ramón Górriz, y UGT, Toni Ferrer. Allí Corbacho planteó que la medida entre en vigor el 1 de junio, no el 1 de agosto como ahora, apuntan fuentes sindicales.
Los representantes de los trabajadores, por su parte, exigieron a Corbacho que se amplíe el número de parados sin ingresos que se pueden acoger a los 420 euros mensuales durante medio año. Incluso reclamaron la universalización de la medida. El mismo requisito que pide la oposición para dar el plácet. Y, a tenor de sus declaraciones previas a la reunión, los sindicatos juzgarían insuficiente la propuesta. La reunión no había acabado a las once y media de la noche, cuando se cerraba esta edición.
La propuesta de los sindicatos la ha reiterado esta misma mañana el secretario general de UGT, Cándido Méndez, en TVE, donde ha asegurado que la ampliación al 1 de enero no es un capricho, sino que serviría para que la ayuda llegue a aquellos desempleados que perdieron primero su trabajo: los temporales.
Méndez también ha pedido al Gobierno más ambición en la reforma fiscal que anunció Zapatero el pasado viernes. En opinión del líder de UGT, habría que revisar impuestos directos e indirectos, así como recuperar algunos tipos como el de Patrimonio.
Tal y como está redactado ahora el decreto que regula la nueva ayuda, se pueden acoger a ella unos 340.000 parados. Reza la letra que solo quienes se queden sin prestación o subsidio el 1 de agosto, se pueden acoger a ella. Esto deja fuera a unas 600.000 personas, según Trabajo. Ampliar la medida dos meses, supone que 100.000 parados más podrán beneficiarse.
Para ampliar el colectivo de beneficiarios, UGT reclamaba antes de la reunión que se modifique el decreto para que se puedan acoger a él quienes han perdido la prestación desde el 1 de enero. CC OO, por su parte, le pidió al ministro que la modificación vaya más allá de la fecha. Esta organización pide que, mientras que el paro esté por encima del 12%, las rentas activas de inserción den acogida a todos los parados sin ingresos. Esto es la universalización de la medida.
Pero el Gobierno ya había descartado desde el comienzo esta posibilidad. "El presupuesto no lo aguanta todo", declaró Corbacho a EL PAÍS.
Retrasar solo dos meses la fecha de inicio de las ayudas, no garantiza ni mucho menos al Ejecutivo la convalidación (previa modificación de la redacción actual) del Real Decreto en el Parlamento. Los grupos de la izquierda empezarían "a hablar" si la retroactividad de la medida se lleva hasta el 1 de enero. Grosso modo cada mes que se amplíe la entrada en vigor de la ayuda supone unos 100 millones de euros. Llevarla hasta comienzos de año, supondría unos 700 millones más que se suman a los 642 presupuestados en principio.
Una medida nacida del fracaso del diálogo social
La nueva ayuda a parados sin ingresos se fraguó en medio del fracasado pacto del diálogo social el pasado julio. Fue una reclamación sindical que el Ejecutivo hizo suya con matices. Los sindicatos querían que los parados sin prestación y subsidios tuvieran derecho a un año de ayuda, y no a los seis meses que finalmente decretó el Gobierno.
En los últimos borradores de acuerdo ya figuraba la propuesta, pero nunca se puso sobre el papel una fecha de entrada en vigor. Y este precisamente es el objeto de la polémica. Cuando se aprobó el Real Decreto que regula la ayuda se estableció que de la medida sólo podrían acogerse aquellos parados que cumplieran los requisitos a partir del 1 de agosto, unas 340.000 personas. Fuera quedaban unas 600.000 personas.
A partir de ahí estalló la polémica. El presidente del Gobierno salió de su retiro veraniego para anunciar la modificación de la medida, y plantear una ampliación hacia atrás en el tiempo. Cada mes que se añada supone incluir a unas 100.000 personas y un gasto adicional de 100 millones.
El Gobierno sólo se plantea modificar la fecha de entrada en vigor de las ayudas, que están sujetas a la firma de un compromiso de inserción laboral por parte del parado. Y esto supone, tal y como admite el propio ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, que siempre habrá quien quedará fuera pese a cumplir los requisitos por hacerlo antes de plazo.
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