El Congreso aprueba las medidas para atajar la morosidad de las administraciones públicas

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, ha logrado hoy el apoyo unánime de la oposición, no sin críticas, al Real Decreto que pretende resolver el endeudamiento que mantienen las entidades locales con las pequeñas y medianas empresas y los trabajadores autónomos. Sin embargo, el texto no se tramitará finalmente como proyecto de ley, tal y como solicitaba el Partido Popular, ya que la propuesta obtuvo solo 144 votos de los populares, frente al rechazo de 189 diputados y una abstención.

Según la vicepresidenta económica, este Real Decreto que salió el pasado 23 de abril del Consejo de Ministros se inscribe en el conjunto de actuaciones que viene desarrollando el Gobierno desde el año pasado para hacer frente a las restricciones de liquidez y que pasan por las devoluciones anticipadas de IVA, la reducción del interés legal del dinero, los aplazamientos tributarios o las líneas del Instituto Oficial de Crédito (ICO), entre otras cosas.

En total, tal y como recoge el texto remitido a las Cortes, estas actuaciones ponen sobre la mesa hasta 14.000 millones de euros para que ayuntamientos y entidades locales puedan pagar sus deudas y que, según el sector, asciende a unos 33.000 millones. Concretamente, por una parte se permite a los consistorios realizar operaciones de endeudamiento para financiar su déficit de tesorería a 31 de diciembre de 2008, y por otra, instrumenta, a través del ICO, una nueva línea de 3.000 millones de euros para avalar a las empresas y autónomos con deuda pendiente.

"Cuestión prioritaria"

Así, Salgado ha recordado que la falta de financiación y la necesidad de liquidez han sido siempre una "cuestión prioritaria" en las actuaciones del Gobierno, así como aquellas destinadas a paliar los efectos de la crisis en las cuentas de las administraciones territoriales. En este sentido, ha enumerado algunas de las iniciativas desarrolladas desde 2005, como la puesta en marcha del fondo de inversión local y el nuevo paquete de 5.000 millones de euros que anunció el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, durante el debate sobre el estado de la nación para iniciar obras vinculadas con la economía sostenible.

Los requisitos para acogerse a esta medida, según ha recordado Salgado, son un plazo máximo de amortización de las operaciones de endeudamiento de seis años, o el plazo de un mes para que las entidades locales puedan cancelar sus deudas pendientes con proveedores. Además, el tiempo máximo para concertar estas operaciones con los bancos será de tres meses. En todos los casos, los ayuntamientos tendrán que aprobar un plan de saneamiento y deberán presentar al ministerio una certificación del pago de las deudas abonadas a sus proveedores.

En cuanto a la nueva línea del ICO, el Real Decreto establece como garantía final y ante posibles impagos por parte de las entidades locales su participación en los ingresos del Estado, en la que se podrán retener las cantidades correspondientes a la deuda de los ayuntamientos que incurran en el incumplimiento de sus obligaciones de pago.

Críticas de la oposición

Durante los turnos de oposición, el diputado popular Rafael Merino se ha limitado a criticar que lo que el país necesita es que el Gobierno y Zapatero dejen de engañar a los ciudadanos, porque fue el PP el que propuso esta iniciativa parlamentaria. "Ustedes, con su desfachatez política, dicen que el PP no tiene propuestas y llevan a Consejo de Ministros las propuestas que el PP consigue aprobar en esta Cámara", ha indicado.

En este sentido, ha considerado que el Real Decreto tiene "trampas" para las pymes y autónomos, que es "insuficiente, llega tarde, llega mal y sin la aportación definitiva que necesitan las corporaciones locales: la nueva financiación". Asimismo, ha tachado de "barbaridad" que el Gobierno mantenga que lo primero es abordar la financiación autonómica y recordó que ese acuerdo no se puede llevar a cabo sin resolver las competencias de los ayuntamientos.

Por su parte, el diputado de CiU Josep Sánchez Llibre ha valorado que supone mejorar la tesorería de las corporaciones locales aunque ha advertido de que la iniciativa no representa una mejora de financiación para las administraciones. Por este motivo, ha asegurado que queda pendiente alcanzar un gran acuerdo de financiación local.