Tribulaciones de quien compró un piso a Martinsa-Fadesa

Mientras Martinsa-Fadesa aplaza y renegocia el pago de sus deudas, los particulares que optaban a una vivienda tienen que seguir pagando religiosamente, hasta 3.000 euros al mes en algunos casos, para un piso que nadie puede asegurarles cuándo se lo entregarán. "Los concursos de acreedores benefician a las empresas en dificultades, pero desprotegen a los ciudadanos", indica el notario José Ignacio Navas Olóriz, coordinador del Observatorio de la Vivienda.

Detrás de complejidades societarias y el trato de favor bancario a grandes clientes, está la letra pequeña de quien ha adelantado dinero para comprar su casa. Algunos de los contratos se refieren a suelos aún en desarrollo y hay cantidades entregadas a cuenta que carecen de aval o seguro. Un grave daño para el comprador pero una simple infracción administrativa para la empresa. Desde 1996 ha dejado de ser delito penal.

"Los avales deben hacerse de manera inmediata y actualizarse, tal y como obliga la ley", asegura Navas Olóriz. Si se trata de una póliza aseguradora debe estar individualizada. Fuentes de Martinsa-Fadesa hablan de la complejidad de aportar los avales con prontitud y consideran que puede demorarse su entrega uno o dos meses.

Por otra parte, indican que de las 16.000 viviendas que Fadesa tenía en venta en diciembre de 2007, Martinsa retiró 4.000 del mercado por considerar que no debían haberse comercializado. En otras se dio la opción a rescindir el contrato porque los suelos no contaban ni siguiera con el proyecto de urbanización. Consideran que no debe prevenderse una vivienda si no cuenta con la licencia de edificación, al menos, solicitada.

De las 12.578 preventas, unas 1.500 se han formalizado ya por la fusionada Martinsa-Fadesa pero de las 7.000 ubicadas en España prevendidas la mayor parte corresponden a la compañía gallega.

Juan Carlos Gamboa, que regenta un restaurante en Colmenar Viejo, compró a Fadesa en 2005 un chalé del que aún no hay indicios sobre el terreno. Ha pagado 96.000 euros y reclama desde hace tres años el aval que esta semana, según le han confirmado desde la sede central, no tiene. De tenerlo, podría pedir su ejecución; o sea, que le devolvieran su dinero más intereses, ya que en el contrato figura que, si pasados 12 meses desde la firma del contrato seguía sin licencia de edificación, podría resolverse.

Rafa compró en 2006 otra vivienda en la misma promoción, y sí cuenta con aval. Pero cuando quiso ejecutarlo se lo negaron porque ya habían conseguido la licencia el pasado febrero aunque fuera del plazo fijado. Todavía le restan varias letras de más de 2.000 euros al mes por pagar, y ya ha desembolsado 85.000 euros. En su caso, junto con otros afectados, está consignando el dinero y ha dejado de pagárselo a la promotora.

Las inmobiliarias recurren a veces a bajar el precio mediante sorteos. Juan fue uno de los afortunados a los que les tocó una de las 14 viviendas sorteadas en la promoción de Solagua de Señorío de Illescas (Toledo). Ahorraría 100.000 euros. Tenía un mes para conseguir el crédito y lo logró. Firmaba la escritura y la hipoteca de su vivienda el mismísimo día 18 de julio. El banco dijo que el notario había desaconsejado firmar.

A pesar de que, a día de hoy, no se ha dictado el auto del concurso, está previsto que los contratos firmados durante los dos años antes del procedimiento concursal puedan ser revisados. Le dijeron que las ventas cerradas a precios por debajo del mercado podrían anularse considerando que perjudicaban al resto de los acreedores. La página web que utilizó Fadesa Toledo para este sorteo ha desaparecido sin dejar rastro. Juan ha perdido, a día de hoy, 1.000 euros de señal y muchas horas de sueño. ¿Se lo venderán finalmente? Y si es así, ¿se lo puede quitar el juez?

A 600 kilómetros de allí, una familia ha sido afortunada en otro concurso de la promoción Mirador del Ebro de 978 viviendas en L'Aldea, Tarragona. De nuevo, un mes para reunir la documentación y un descuento sustancial en las 48 viviendas que se sorteaban hace tres semanas. Isabel ha pagado 24.000 euros, más 3.000 para gastos de notario. Es otro de los compradores con incertidumbre.

Daniel Sánchez, que está pagando una vivienda en Torres Europa (L'Hospitalet), se ha puesto en manos de un abogado que lo tiene claro: "Si entramos en el procedimiento concursal nos quedamos sin nada. Nos urge que nos den el piso o ejecutar el aval". De los 600.000 euros que costaba la vivienda ha pagado ya 80.000. Le quedan otros 40.000 para redondear el 20% de la entrada en cuatro meses. "¿Los meto en saco roto?", se pregunta. Ahora, a esperar que le gire las letras la empresa. De no ser así, consignará el dinero correspondiente ante notario para que no puedan acusarle de incumplimiento de contrato.

El plazo de entrega fijado es "aproximadamente" el 20 de enero de 2009, pero ya le han dicho a pie de obra que no estará. Los subcontratistas, que cobran con letras a 180 días, han desaparecido. Daniel vive de alquiler y se pregunta si podrá la aseguradora atender la petición de devolución de avales. La desconfianza se extiende desde los ayuntamientos a las aseguradoras, pasando por entidades financieras y tasadoras.

En suspenso

Beatriz, de momento, ha anulado la fecha de su boda. Hace 14 meses compró una casa en la urbanización Los Cados de la Joyosa, a 24 kilómetros de Zaragoza. "Después de la chapuza que hizo Fadesa en Los Jardines de Candala (Zaragoza), teníamos dudas. Pero tanto en la caseta de obra como en el Ayuntamiento, nos dijeron que todo estaba en regla. Y firmamos. Sólo después de haber entregado el dinero y firmado el contrato nos enteramos por casualidad que había una persona que ya había comprado en 2005 y que carecían de todo tipo de licencia, incluida la de urbanización". Este extremo constaba en el contrato que es uno de los que la nueva compañía desaprueba por lo que , según dicen, ofrecieron la resolución de contrato: "de más de 400, se echaron atrás 176", indican.

Entre los compradores de la promoción de 1.243 viviendas en Costaminho (Miño-A Coruna), los hay también que carecen de aval. Las obras van retrasadas, tras el cambio de dirección al ser comprada Fadesa.

En la región madrileña, Los Pocillos, en Villanueva de la Cañada, se gestiona a través de una comunidad de propietarios, una fórmula utilizada por Martinsa desde su inicio. Fercler, una empresa del grupo que también ha suspendido pagos es la gestora. Se trata de viviendas protegidas de precio limitado. Hasta el momento los compradores han abonado unos 50.000 euros. El suelo que se comprometen a comprar por tres millones de euros es propiedad de Fadesa. Se quejan de que Fercler no les gestionó los avales, como según la patronal de las gestoras de cooperativas y comunidades, Gecopi, debe hacerse. Fuentes de la compañía explican que sus comunidades de propietarios son distintas al resto. Se lamentan de que no tienen los estatutos a pesar de que ante notario firmaron un contrato en el que declaraban conocerlos.

En la promoción Soto del Henares (Torrejón de Ardoz), de la misma compañía, sí tienen avaladas muchas cantidades entregadas, pero no todas. Las obras, a punto de acabar, se han paralizado, según la asociación vecinal.

Viejas reclamaciones

En el proceso concursal es esencial que se haga constar el dinero abonado a la empresa por si las viviendas no se llegan a hacer y pasan a ser acreedores. Pero no sólo quienes han comprado una vivienda sino también quienes reclaman por defectos o carencias en las ya entregadas, según Jorge Galíndez, del bufete RVU Asesores, de Jaca. Deben reclamar igualmente en ese plazo del mes que fije el juez, siempre que los desperfectos estén cuantificados.

"La lección ética de esta tragedia", indica el notario Navas Olóriz, "es la insuficiencia de la legislación de protección al consumidor, que no le considera ciudadano con derechos y libertades. No hay legislación ni órganos que de forma inmediata y gratuita atiendan y subsanen estas situaciones".