El juez permite a los acreedores de Martinsa embargar bienes de filiales

El Juzgado Mercantil número 1 de A Coruña aceptó ayer la suspensión de pagos voluntaria de Martinsa-Fadesa, con lo que todos los acreedores de la inmobiliaria podrán comunicar las deudas a este tribunal. El juez señala que no es posible ordenar la paralización de ejecuciones de acreedores sobre las filiales de la compañía, "que tienen su propia personalidad jurídica y patrimonio diferenciado".

Representantes de la CNMV, Bankinter y una abogada serán los administradores

Muchas de esas filiales son garantía de préstamos a la inmobiliaria que preside Fernando Martín. Seis de ellas han solicitado a su vez el concurso de acreedores y el juez las considera abocadas a agruparse en un único procedimiento concursal. Pero otras, en particular las situadas en el extranjero, pueden ver embargados sus bienes si son garantía de algún préstamo no devuelto.

El juez ha puesto fecha al arranque del concurso, acotado y definido los plazos y resuelto algunas incógnitas. En el auto de admisión a trámite de la suspensión de pagos, Pablo González Carreró-Fojón fija septiembre como el arranque para que las acreedoras comuniquen las deudas, que se prolongará hasta octubre; es decir, tendrán un mes para cuantificar el importe de los créditos concedidos.

En septiembre arrancará también el plazo para que los administradores concursales emitan su informe. Debido a la "urgencia que impone la intervención" y para "garantizar la continuidad" de Martinsa, el juez marca el mes de agosto, tradicionalmente inhábil, para que los tres administradores designados notifiquen al juzgado de forma "inmediata" su aceptación. Al margen del representante de la CNMV, se ha nombrado a un representante legal de Bankinter, uno de los acreedores menores de Martinsa (9,5 millones de euros) y a la letrada Antonia Magdaleno Carmona, socia del bufete Broseta Abogados y profesora de Derecho Procesal en la Universidad de Valencia.

Los razonamientos del juez permiten aproximarse a la situación de "insolvencia inminente" de la inmobiliaria. Con un pasivo exigible de 5.200 millones de euros, en su mayor parte deuda financiera, la tesorería se había reducido "drásticamente" en el último año y medio hasta situarse el 30 de mayo en algo más de 3,7 millones.

En los seis folios de auto, el juez también dibuja un panorama de falta absoluta de liquidez. Así, destaca que las previsiones de cash-flow operativo (diferencia entre los cobros y los gastos comprometidos sólo para su propia actividad) entre julio y septiembre presentan un desfase de 22 millones. Otro tanto sucede con el flujo de caja financiero, que no podrá compensarse con los remanentes de las empresas del grupo, al que adjudica un déficit de 94 millones.

El juez resalta la dificultad de la compañía para atender a los vencimientos de los créditos hipotecarios con los que financia sus promociones, que sitúa en cuatro millones de euros a abonar durante este año. Otro tanto sucede con los pagos comprometidos derivados de la compra de suelo, de los que el próximo año vencen más de 241 millones.

El auto aclara que la gestión de los actuales responsables de Martinsa quedará sujeta a la intervención de los nuevos administradores judiciales, mediante su autorización o conformidad. El juez dispone que no sólo los gestores deben comparecer ante él y los administradores cuantas veces sean requeridos, sino también los que hubieran desempeñado altos cargos durante los dos años anteriores al auto.