Iberdrola vuelve a la carga contra EDF con una nueva denuncia ante Bruselas

Iberdrola no se rinde y mucho menos va a quedarse parada a la espera de que EDF entre en el mercado español. Hoy, la eléctrica española ha presentado ante la Comisión Europea una denuncia contra Francia por supuestas ayudas estatales a la empresa pública francesa por más de 5.000 millones de euros.

Con esta medida, la compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán abre su cuarto frente legal a nivel comunitario contra el grupo francés, controlado en cerca de un 85% por el Estado, ante los rumores de una eventual OPA.

EDF, participada en un 84,9% por el Estado francés, ha hecho público su interés por Iberdrola y ha reconocido haber mantenido contactos exploratorios con el principal accionista de la eléctrica española, el grupo constructor ACS, con vistas a realizar alguna operación. No obstante, la empresa pública francesa ha explicado que cualquier posible operación se realizaría con el beneplácito del Gobierno español.

Por lo que corresponde a esta nueva denuncia, Iberdrola entiende que Francia ha violado los artículos 87 y 88 del Tratado de la UE, relativos a las ayudas de Estado, por el modo en que ha aplicado la vinculación del régimen francés de jubilación del ramo de las industrias eléctricas y del gas (IEG) -en el que figura EDF- con los regímenes de jubilación de derecho comunitario.

El problema surgió en 2003, cuando se privatizaron las industrias del IEG. Estas sociedades tuvieron que asumir todos los compromisos por pensiones de sus empleados con la Seguridad Social. Iberdrola entiende que la aportación de estas empresas fue insuficiente y que las mismas recibieron ayudas estatales.

En diciembre de 2003, el Ejecutivo comunitario consideró que esta práctica no constituyó una ayuda de Estado, tras constatar el compromiso expreso de Francia de hacer que la operación fuese neutra desde un punto de vista financiero para las empresas, los regímenes receptores y el Estado.

Iberdrola estima ahora que el Gobierno francés ha incumplido sus obligaciones y denuncia que la ayuda beneficia especialmente a EDF, ya que esta empresa aglutina al 80% del colectivo afectado. Además, calcula que la compensación que habría tenido que satisfacer la compañía estatal para cumplir su compromiso ante Bruselas supera los 5.000 millones.

Por lo pronto, la eléctrica española ha instado a la Comisión a que verifique el alcance de las supuestas ayudas haciendo uso de los poderes y prerrogativas de los que dispone.

Junto a esto, advierte de que Francia podría haber concedido una nueva ayuda a las empresas de la IEG desde 2005 al financiar mediante la tarifa eléctrica parte de las pensiones de los trabajadores, y pide que se examine este asunto como parte del mismo procedimiento.