Europa amenaza a España si no cumple con sus exigencias en la OPA sobre Endesa
La Comisión responde al ministro de Industria, quien aseguró que no variará las condiciones impuestas a Enel y Acciona
La Comisión Europea ha amenazado hoy con abrir un nuevo procedimiento de infracción contra España si el Gobierno no retira antes del 10 de enero las condiciones impuestas a Enel y Acciona para adquirir Endesa, que fueron declaradas ilegales por Bruselas en diciembre por vulnerar los principios de libre circulación de capitales y mercancías y el derecho de establecimiento.
Si el Gobierno español no acata las exigencias del Ejecutivo comunitario, "la Comisión no tendrá otra alternativa que expedientar de nuevo a España", ha declarado una portavoz del departamento de Competencia que dirige la comisaria Neelie Kroes.
Bruselas responde así al anuncio realizado por el ministerio de Industria de que no tiene intención de eliminar las condiciones a la OPA de Enel y Acciona y de que no respetará el plazo límite del 10 de enero impuesto por la Comisión para suprimir estos requisitos.
La apertura de un procedimiento de infracción significa que el caso acabará con toda probabilidad ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo a no ser que el Gobierno cambie de idea durante la tramitación del expediente. La Comisión ya ha llevado ante el Tribunal el decreto de febrero de 2005 que amplió las competencias de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), y los requisitos impuestos a la OPA de E.ON sobre Endesa.
Los requisitos que Bruselas considera incompatibles con la legislación comunitaria fueron dictados por el regulador español de la energía el pasado 4 de julio y modificados en parte por el ministerio de Industria el 19 de octubre.
En concreto, la Comisión vio ilegalidad en condiciones como la obligación de mantener a Endesa como empresa independiente, incluida su marca, y su centro de toma de decisiones en España; la obligación de comprar ciertas cantidades de carbón nacional para la generación de energía; y la exigencia de conservar los sistemas de electricidad insulares dentro de Endesa.
El Ejecutivo comunitario cree que tampoco se ajustan a la legislación comunitaria las limitaciones impuestas en el coeficiente de servicio de la deuda de Endesa y en la política de distribución de los dividendos de la eléctrica española.
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