Bruselas amplía una semana el plazo para que España aclare las condiciones a la OPA de E.ON
El Ejecutivo comunitario considera ilegales los requisitos impuestos al Gobierno español por el gigante alemán
La Comisión Europea ha acordado hoy con las autoridades españolas prorrogar hasta el 13 de septiembre el plazo para justificar las condiciones impuestas por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) a la fusión del grupo energético alemán E.ON y la eléctrica española Endesa.
El portavoz de Competencia del Ejecutivo comunitario, Jonathan Todd, ha indicado que Bruselas ha recibido hoy una misiva de Madrid en la que se pedía una ampliación del plazo inicial -que terminaba el 4 de septiembre- en siete días laborables, y la solicitud ha sido aceptada por la Comisión.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega se ha mostrado satisfecha por la prórroga y la ha calificado de "razonable", en declaraciones a un grupo de periodistas en Bruselas. Hasta allí se ha desplazado hoy la número dos del Gobierno español para analizar con diferentes responsables comunitarios la creciente presión migratoria en las islas Canarias. En su encuentro con el presidente de la Comisión, el portugués José Manuel Durao Barroso, no hablaron "nada de nada" sobre la fusión de E.ON y Endesa, ha aclarado De la Vega.
En contra de las leyes europeas
El Ejecutivo comunitario anunció el pasado viernes que, tras una investigación preliminar, había concluido que la mayoría de condiciones impuestas por la CNE al proyecto de fusión de E.ON y Endesa son incompatibles con la legislación comunitaria.
A su juicio, las exigencias de la CNE violan las reglas europeas sobre libre movimiento de capitales y libertad de establecimiento y, además, no se justifican por la seguridad pública y no son necesarias ni proporcionadas para la protección de esa seguridad pública.
Bruselas advirtió de que, si finalmente constata que las condiciones impuestas por el regulador español no respetan la normativa europea, las autoridades españolas tendrán que retirarlas. En caso de no aceptar el dictamen de la Comisión, España podría enfrentarse a una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE. Tras conocer las advertencias de Bruselas, el Gobierno español insistió en que la autorización condicionada de la CNE a la fusión de E.ON y Endesa se ajusta a la legalidad comunitaria, por lo que seguirá defendiendo ese argumento.
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