El banco italiano BPI, acosado por la Justicia, vende su parte de Antonveneta a ABN Amro
La antigua Popolare di Lodi ha llegado a un acuerdo con la holandesa, que se convierte en la primera entidad extranjera en controlar un banco italiano
La Banca Popolare Italiana (BPI), antes llamada Popolare di Lodi, ha decidido retirarse de la partida por el control de Antonveneta y vender su cuota del 29,5% al grupo holandés Abn Amro, que desde el pasado julio intentaba, sin éxito, hacerse con la banca del Véneto. Tras una reunión de más de ocho horas, y de madrugada, el consejo de administración de la BPI ha aprobado el acuerdo preliminar para la venta de su participación a sus rivales holandeses a un precio de 26,5 euros por acción, el mismo que ofreció Abn Amro en su fallida OPA sobre Antonveneta.
La operación permitirá a la BPI ingresar unos recursos necesarios para sanear su delicada situación financiera y, a la vez, mejorar su posición para enfrentarse a la investigación abierta por la Fiscalía de Milán por los posibles delitos de especulación abusiva y uso de información privilegiada.
Desde julio
En el marco de esta instrucción, la Fiscalía "congeló" el pasado julio la participación de BPI en Antonveneta, por lo que para ejecutar el acuerdo de venta alcanzado hoy será necesario obtener el visto bueno de la magistratura al desbloqueo del capital.
Una vez se materialice la compra, Abn Amro (que actualmente posee el 29,9% de Antonveneta) deberá lanzar una oferta pública de adquisición (OPA), dado que así lo establece la normativa financiera italiana para los accionistas que superen el 30% en el capital de una entidad.
Si la operación tiene éxito, será la primera vez que un banco extranjero se haga con el control absoluto de uno italiano, en un mercado que tradicionalmente ha contemplado con mucha reticencia esta posibilidad y se ha ganado, por ello, más de una reprimenda de Bruselas.
También pondrá punto final a una batalla que este verano ha puesto en el ojo del huracán al gobernador del Banco de Italia, Antonio Fazio, acusado de haber favorecido en este caso a la BPI en detrimento de Abn Amro y al que le llueven peticiones de dimisión.
A raíz de las investigaciones de la Fiscalía, el consejero delegado de la BPI, Giampiero Fiorani, fue inhabilitado de su cargo por orden de la magistratura, que tomó la misma medida con otros accionistas de Antonveneta que supuestamente habían participado en un pacto irregular para hacerse con el control del banco.
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