Agricultura acuerda su modelo sobre la PAC con las comunidades socialistas y el País Vasco

La Conferencia Sectorial de Agricultura ha aprobado el modelo de aplicación de la Política Agraria Común (PAC) propuesto inicialmente por el Ministerio de Agricultura (MAPA), que fue apoyado por las Comunidades Autónomas socialistas y el País Vasco. Por el contrario, varias autonomías gobernadas por el PP, como Castilla y León, Baleares o la Comunidad Valenciana, han anunciado que estudiarán recurrir jurídicamente el acuerdo al entender que el Gobierno ha impuesto su modelo, en lugar de negociarlo con las Comunidades Autónomas.

En conferencia de prensa, la ministra de Agricultura, Elena Espinosa, ha señalado que Aragón, Asturias, Andalucía, Cataluña, Cantabria, Extremadura y Castilla-La Mancha, además del País Vasco, apoyaron totalmente la propuesta del Gobierno, al tiempo que reconoció que se manifestaron en contra Castilla y León y Baleares.

Según Espinosa, el documento aprobado recoge la posición mayoritaria de las organizaciones agrarias y de las autonomías con más peso en cada uno de los sectores, porque se ha ponderado el voto de cada Comunidad en función de su superficie y producción en cada uno de los sectores agrícolas y ganaderos.

Respecto al rechazo de algunas regiones, Espinosa ha señalado que cada autonomías es "muy libre" de acudir a los tribunales para defender sus tesis, pero ha insistido en que se recoge la postura mayoritaria; así, ha detallado que, en el peor de los casos, que es el ganado vacuno, se tiene en cuenta la posición del 63% del territorio.

Sin remedio

La ministra ha Matizado que el Gobierno no comparte la reforma de la PAC, "pero no le queda más remedio que aplicarla", y explicó que se apuesta por el desacoplamiento -desvinculación de las ayudas de la producción- parcial para evitar que la deslegitimación de las subvenciones, que con un desacoplamiento total se cobrarían sin necesidad de producir.

La organización agraria COAG ha considerado positiva la aprobación del modelo de reparto ya que, en su opinión, "minimizará los efectos de la reforma europea en la agricultura familiar, al fundamentarse en la priorización del modelo social de agricultura y el profesional agrario".

"Decretazo"

Muy distinta es la postura de la patronal agraria Asaja, para quien "Elena Espinosa hace bueno a su antecesor, Arias Cañete, y consigue que los agricultores españoles sean los únicos de la UE que pierdan ayudas". Además, ha tachado de "decretazo" la actuación del Gobierno.

La aplicación de PAC aprobada, que entrará en vigor en 2006, prevé el desacoplamiento del 95% de las ayudas al olivar, el desacoplamiento del 50% en ovino y caprino, mantener acoplado -ligado a la producción- el 25% de las ayudas a cultivos herbáceos y el acoplamiento del cien por cien de la prima de la vaca nodriza y del 40% del ternero de sacrificio.

El Ministerio y las Comunidades acordaron discutir durante el primer semestre de 2005 la aplicación del artículo 69, que permite detraer hasta un 10% de las ayudas de pago único -el Gobierno ha propuesto que sea un 5%- para destinarlo a cultivos y zonas desfavorecidas.

El consejero más crítico con la reforma fue el de Castilla y León, José Valín, quién abandonó la Conferencia antes de que finalizase en desacuerdo con la "imposición" de criterios por parte del MAPA y anunció que estudiarán un recurso contra esta situación, sin descartar llegar a Bruselas.