El Gobierno elimina la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos
De la Vega señala que la ley se había convertido en una especie de "cajón de sastre" que "extraía" al Parlamento del análisis de determinadas normas
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha anunciado que no habrá Ley de Acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado de 2005, una medida que, según ha destacado, termina con los "abusos" que se venían cometiendo en su utilización y con la que el Ejecutivo "devuelve" la dignidad al Parlamento.
De la Vega ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la Ley de Acompañamiento se había convertido en los últimos años en una especie de "cajón de sastre", que "extraía" al Parlamento en muchas ocasiones del análisis de determinadas normas, ajenas a las cuentas del Estado, que se "colaban de rondón y por la puerta de atrás".
Así, a partir de ahora, las reformas legislativas que el Gobierno considere pertinentes se presentarán "una por una" a través de su trámite correspondiente, permitiendo su estudio "riguroso" a las diferentes comisiones parlamentarias.
"Dijimos que devolveríamos la dignidad al Parlamento y lo estamos cumpliendo. No va a haber más leyes por la puerta de atrás. No va a haber una ley sustitutiva de Acompañamiento ni ninguna pseudo-ley de Acompañamiento", ha subrayado.
La vicepresidenta recordó que la Ley de Acompañamiento se creó en 1992 para regular materias que, aunque con incidencia en la política económica, no tenían que ver con la relación entre ingresos y gastos.
De 20 a 120 páginas
No obstante, denunció que de las 20 páginas que ocupaba esta norma en el BOE durante sus inicios se pasó a 120 páginas en 2004, lo que, a su juicio, refleja de modo "significativo" los "abusos" que se cometían en su utilización y que han sido.
La supresión de la ley de acompañamiento no ha sido una decisión repentina, según María Teresa Fernández de la Vega, que ha indicado que desde "el primer día" dio instrucciones para que fuera eliminada, puesto que se trataba de un compromiso electoral con el que se pretende devolver al Parlamento su protagonismo, facilitar el control por parte de éste de las cuentas del Estado e impulsar el rigor político.
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