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Devolver las ayudas llevaría a Izar a la liquidación en 4 meses, según la SEPI

La Comisión Europea cree "prematuro" afirmar que los astilleros deben 1.100 millones de euros, tal y como afirmó ayer Martínez Robles

El presidente de la SEPI, Enrique Martínez Robles, afirma que la devolución de 1.100 millones de euros en ayudas ilegales conducirá a Izar a la liquidación en sólo 4 o 5 meses "si no se toman medidas urgentes para su viabilidad". La Comisión Europea responde asegurando que es "prematuro" hablar de esa deuda y que hasta septiembre no se tomará ninguna decisión sobre los expedientes pendientes.

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Durante su comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados, Martínez Robles insistió en que Izar conocerá a la vuelta del verano una nueva resolución de la Unión Europea que aumentará el importe de las ayudas ilegales que tiene que devolver la compañía en 560 millones de euros que, sumadas a las ayudas públicas reclamadas con anterioridad, alcanzarían 1.100 millones de euros. El presidente de la SEPI ya lo había anunciado ayer ante la mesa de portavoces de los sindicatos con representación en Izar.

Martínez Robles explicó en el Congreso que el Plan Industrial que el Gobierno presentará a Bruselas en septiembre prevé la separación de los astilleros militares y civiles para "preservar" los primeros, mientras que los civiles "deberán recibir financiación privada para su supervivencia", puesto que la UE prohíbe cualquier ayuda pública que no vaya dirigida al cierre de instalaciones.

Los grupos parlamentarios de la oposición rechazaron que estas medidas vayan a servir para mejorar la competitividad y para asegurar el futuro del sector naval español y recordaron que el Gobierno socialista será el responsable de un posible desmantelamiento del mismo. Asimismo, le exigieron mayor concreción respecto a las comunidades autónomas y factorías que se verán afectadas por la reestructuración, le reprocharon la falta de diálogo con los grupos parlamentarios y las comunidades autónomas para elaborar su Plan de viabilidad y le instaron a defender el futuro del sector ante la UE.

Bruselas aún no ha decidido

La Comisión Europea asegura, por su parte, que es "prematuro" afirmar que el grupo público de construcción naval deberá devolver ayudas ilegales por esa cantidad. Un portavoz de Competencia insistió en que, oficialmente, son 419 millones de euros más sus intereses los que tiene que recuperar el Gobierno español de Izar. "No puedo confirmar que los astilleros públicos en España tengan una deuda de 1.100 millones de euros, porque por ahora sólo hay dos procedimientos de recuperación de ayudas en curso: uno concierne a un viejo montante de 111 millones y otro se refiere a una decisión reciente por 308 millones", afirmó el portavoz Tilman Lüder.

Lüder avanzó que no habrá un "anuncio formal" sobre las conclusiones definitivas antes de septiembre.

Los trabajadores de Izar protestan en el puente colgante de Portugalete (Vizcaya).
Los trabajadores de Izar protestan en el puente colgante de Portugalete (Vizcaya).EFE

Cinco municipios afectados piden reunirse con Solbes

Cádiz, Puerto Real, San Fernando, Cartagena y Ferrol, ciudades donde los astilleros Izar tienen presencia, acordaron hoy constituirse en comisión de municipios afectados. Además han solicitado una reunión con el vicepresidente segundo y ministro de Economía, Pedro Solbes, y mostraron su oposición a la división de los astilleros civiles y militares.

Así lo anunció el coordinador general de Economía del Ayuntamiento de Madrid, Ignacio Niño, que ha prestado su apoyo asistiendo a la reunión que mantuvieron en la capital los alcaldes de estos cinco municipios para analizar la situación y exigir información directa al Gobierno de los planes que tiene para Izar. Durante la reunión también acordaron pedir una entrevista con los secretarios generales de los sindicatos más representativos del sector naval, así como exigir formar parte de la comisión que elabore el plan de futuro del sector. Anunciaron además la elaboración de un manifiesto donde se reflejará la posición de esta comisión de municipios, que se presentará en septiembre.

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