Izar, la asignatura más urgente de la SEPI

Lejos quedan los tiempos en los que España era una potencia en la construcción naval. El régimen desarrollista de Franco se vanagloriaba de ello y el ministro de Industria Gregorio López Bravo salpicaba con un voluntarismo político tan generoso como miope la larga costa española de astilleros. Ahora hay que recoger velas.

Dar salida a Izar, la empresa pública que aglutina desde 2000 a los astilleros civiles (Astilleros Españoles) y a astilleros militares (Bazán), se ha convertido en la asignatura más urgente para el nuevo equipo directivo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con Enrique Martínez Robles al frente.

El problema de los astilleros, un sector maduro con escasa viabilidad en toda Europa por la competencia desleal de Corea (controla el 65% de las nuevas contrataciones navales en el mundo), es una patata caliente que el anterior Gobierno ha pasado al actual y que tras varias reconversiones no ha logrado entrar en la senda de la rentabilidad, perdida en 1973.

El Gobierno segregará los astilleros civiles de los militares y venderá algunos centros

Izar puede recibir otra multa de 600 millones por la operación de fusión de Aesa y Bazán

Tres reconversiones han marcado el sector en los últimos 20 años que han provocado un adelgazamiento de plantilla desde los 39.229 trabajadores de 1984 hasta los 10.862 de final de 2003. La reconversión de 1984, el ajuste de 1995 y la fusión de Astilleros Españoles y Bazán en 2000 para dar lugar a Izar son los tres momentos álgidos de una reconversión permanente que vivió momentos de tensión sindical y social en varias poblaciones con astilleros.

La Unión Europa autorizó en 1997 las últimas ayudas públicas a un sector que diseñó para recibirlas el Plan Estratégico de Competitividad (PEC) y hacerse rentable o al menos competitivo. Desde entonces no se podían dar más ayudas si no era para cerrar alguna planta. Nada de ello ha sucedido. Según los actuales responsables de la SEPI, ha llegado la hora de resolver un problema que se ha ido dejando por la vía del parcheo. Pese a las reconversiones, el conjunto de los astilleros civiles (Aesa) sumaron pérdidas de 2.454 millones de euros entre 1984 y 1999. Por su parte, los militares de Bazán perdieron otros 635 millones en el mismo periodo.

La multa impuesta por la Comisión Europea el pasado mes de mayo por 308 millones de euros (que se eleva a 376 millones si le suman los intereses) ha puesto al borde del precipicio a Izar, que cuenta con unos recursos propios de 270 millones. Es decir, el día que haya que apuntar esta multa en el balance la empresa, ésta estará en quiebra técnica con un neto patrimonio negativo de más de 100 millones. Otra ampliación de capital está prohibida por la UE desde que se aprobaron las últimas ayudas. Por ello, el presidente de la SEPI ha creado una comisión que ha diseñado un plan industrial y que pretende coger el toro por los cuernos.

La tesis de la SEPI pasa por segregar los astilleros civiles de los militares, una fusión por la que la UE estudia nuevas multas por sus artificios contables. Precisamente, la Comisión Europea prepara otra multa, que puede llegar a 1.100 millones y que será la puntilla. Esa operación fue investigada por la UE en mayo de 2003 y se centra en las aportaciones de capital en forma de ampliación y primas de emisión realizadas por Bazán para la fusión y que para Bruselas son ayudas públicas.

Además, se está en negociación con varios grupos privados como Gijón, Sevilla y Manises. La situación de Izar es "grave", como ha reconocido Martínez Robles, quien ha señalado que se "trata de salvar el mayor empleo posible". La empresa, que lleva tres años sin apenas recibir nuevos pedidos, vivió la pasada primavera varias semanas de movilizaciones sindicales por la firma del convenio que finalmente se firmó con la llegada del nuevo Gobierno.

Los sindicatos se reúnen mañana con la SEPI, e insisten en solicitar pedidos para las fábricas. Sin embargo, dice la SEPI, la situación es tan compleja que en algunos centros ni siquiera con nuevos pedidos estaría garantizada la viabilidad. De hecho, el anterior Gobierno se había comprometido a la construcción de seis buques gaseros que el actual Gobierno desestimó porque hubieran incrementado las pérdidas de los centros de producción.

Si resolver el futuro de Izar es lo más urgente del actual grupo público, será Hunosa el nuevo hueso a roer. Su futuro está en función de las explotaciones que sean consideradas reservas estratégicas del carbón, que serán las que existan después de 2007. El actual Gobierno se ha encontrado con unos requerimientos de la Comisión Europea para conocer si al Plan 2003/2005 se ajustaba el Reglamento de 2002 de la UE y que no fueron informados por el PP. El actual Gobierno ha pedido una ampliación del plazo para aportar la información solicitada.

Una tercera asignatura será RTVE, organismo adscrito a la SEPI con el objetivo de controlar de la gestión para reducir su déficit. Una comisión de expertos diseña un nuevo modelo, y será en ese momento cuando la SEPI deba ejercer su papel. La clave está en la estructura de financiación que se elija y si es compatible con las normas comunitarias.

Además, la SEPI debe resolver la venta del 18,5% del capital de Red Eléctrica Española. Desde el 1 de enero pasado el mínimo legal que deber tener la SEPI en REE está fijado en el 10%. Por tanto, podría deshacerse del 18,5%, pero "ni a corto ni a medio plazo hay intención de hacerlo", según fuentes del grupo público.