El CES no alcanza un acuerdo sobre el dictamen del anteproyecto de ley de horarios comerciales

La diferencia de opiniones entre sindicatos, empresarios, consumidores y otros grupos sociales, integrados en el pleno del Consejo Económico y Social (CES) ha impedido hoy la emisión de un dictamen, no vinculante, sobre el anteproyecto de ley de horarios comerciales. Esta falta de acuerdo es una situación anómala y hay que remontarse a un pleno de 1992 en el que se analizaba una propuesta de reforma del mercado de trabajo para encontrar otro caso igual.

Según se ha señalado en el pleno, que había sido convocado para hoy con el fin de estudiar el dictamen sobre el anteproyecto de ley de horarios comerciales, los sindicatos han defendido que ocho debe ser el número máximo de domingos y festivos de apertura. Por el contrario, los empresarios han apostado por una liberalización, mientras que los consumidores han abogado por una legislación de mínimos con respeto a las competencias autonómicas.

Diferencias importantes

CCOO, UGT y CIG han considerado el descanso dominical como un derecho prioritario de los trabajadores del sector comercial y así, han defendido que ocho debe ser el número máximo anual de domingos y festivos abiertos, y no el mínimo como establece el anteproyecto del Gobierno.

Por su parte, CEOE y CEPYME ha apostado por liberalizar y han rechazado el anteproyecto que es un "drástico e injustificado" recorte de la libertad de la empresa y su incidencia en la competitividad de las empresas y del mercado. Según los empresarios, la propuesta acomete una reducción cuantitativa de la situación actualmente en vigor ya que, en la práctica, reduce de 12 a 8 el número mínimo de domingos y festivos que pueden autorizar las Comunidades Autónomas, y han señalado que el horario y los días de apertura son básicos para la competitividad.

Mientras, los representantes de los consumidores y usuarios, del sector agrario, marítimo pesquero, las asociaciones de cooperativas y de sociedades laborales y expertos nombrados por el Gobierno, han defendido que las autoridades estatales y autonómicas propicien un marco de estabilidad a corto y medio plazo. A su juicio, este marco de estabilidad permitiría racionalizar los hábitos y las pautas de los consumidores en relación con la adquisición de bienes y servicios. Han abogado, además, por una legislación de mínimos y el respeto absoluto a las competencias de las Comunidades Autónomas, aunque "es conveniente establecer un marco regulador armónico".