El Gobierno ayudará a rehabilitar las viviendas vacías que se destinen al alquiler

La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, ha dado hoy en el Congreso alguna pincelada más al Plan de Choque que está elaborando su departamento. Uno de sus principales apartados será impulsar el mercado del alquiler. En este sentido, el Gobierno dará ayudas a aquellos propietarios que quieran rehabilitar viviendas vacías para arrendarlas después. En lo que a las ayudas a los inquilinos se refiere, no se concederán con carácter permanente, sino de forma "transitoria".

Respecto a las ayudas estatales a los propietarios de viviendas vacías, la ministra ha explicado que, aunque "pueda parecer una banalidad", hay gente que no pone en el mercado sus viviendas porque antes tiene que acometer un importante esfuerzo económico para reformarlas, porque "hay que adecuarlas, cambiar sanitarios, cambiar techos, pintar la casa, ...". Por ello, entre las medidas que baraja el Gobierno para potenciar el mercado del alquiler está la concesión de ayudas directas a la rehabilitación de las viviendas vacías, que en España son cerca de tres millones. Esas ayudas al propietario que decida alquilar su vivienda irán "arropadas" por otras como sistemas de avales y de seguros, que le permitan tener garantizada su inversión.

En opinión del senador popular José Manuel García Ballesteros -quien acusó a la ministra de haber creado alarma en el sector en los dos meses que lleva en el Gobierno, sin haber aprobado aún ni una sola medida-, esta iniciativa únicamente contribuirá a que "la gente compre viviendas para que el Estado se las rehabilite".

Ayudas a inquilinos

En cuanto a las ayudas que se preparan para los inquilinos, la ministra ha apuntado que estarán destinadas a "facilitar de forma transitoria el pago" del alquiler.

A preguntas de la prensa sobre el mencionado carácter transitorio de las ayudas, Trujillo ha apuntado que no van a ser "para toda la vida", aunque tampoco sólo "de meses", puesto que lo que se busca es potenciar el mercado del alquiler para que pase de representar el 10% de las formas de vida en España a cerca del 20%.

Según ha detallado la ministra, las ayudas a los inquilinos se otorgarán tanto en función de sus ingresos como de la cuantía del alquiler que tengan que pagar.

Otras medidas

Otras medidas señaladas por la ministra para potenciar el mercado del alquiler son el establecimiento de juicios rápidos y la agilización de los trámites de desahucios, unas iniciativas que ya fueron anunciadas en su día por el anterior Gobierno.

Respecto a la futura Agencia Pública de Alquiler, la ministra ha explicado que aún no se ha decidido si su creación se tramitará a través de un proyecto de Ley o de la constitución de una empresa pública.

Si se hiciera a través de un proyecto de Ley debería pasar antes por el Parlamento, lo que retrasaría aún más la constitución del citado organismo, que el Gobierno se comprometió a constituir durante el pasado mes de mayo.

El objetivo último del Ministerio de nueva creación es facilitar el acceso a una vivienda a 180.000 familias al año durante los cuatro ejercicios de la legislatura, tal y como prometió el PSOE durante la campaña electoral.

Aunque para ello el Ministerio tiene previsto aprobar el Plan de Vivienda y Suelo 2005-2008, antes pretende poner en marcha un "plan de choque" para el 2004 que incluya medidas urgentes de carácter "paliativo" y que facilite el acceso a las 180.000 primeras familias.

De hecho, estaba previsto que el plan estuviera aprobado durante este mismo mes, pero la ministra no concretó hoy cuando saldrá a la luz efectivamente y se limitó a apuntar que "cuando proceda" y después de haberse negociado con las comunidades autónomas, lo que pondría retrasarlo hasta después del verano.

En ese plan de choque se incluirán, además de las medidas mencionadas, otras como la revisión al alza de los precios máximos de las viviendas protegidas para que tengan "una cierta relación" con los de mercado y que su construcción resulte viable a los promotores.

Junto a ello, se buscará aumentar la capacidad de decisión de las comunidades autónomas sobre los precios de las viviendas protegidas en los municipios singulares, por ser éstos los que tienen los precios más elevados.