El Supremo indemniza a un imputado de Gescartera por despido improcedente

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha fallado hoy a favor de que uno de los apoderados de Gescartera, Javier Sierra de la Flor, cobre una indemnización de 88.997 euros por un retraso en el pago de salarios por parte de la sociedad de valores, intervenida en el 2001.

El Tribunal Supremo desestima en su resolución el recurso de casación que interpuso el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) contra otra sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en la que tanto Gescartera como Fogasa fueron condenados a pagar esta indemnización.

Según el Supremo, el apoderado de Gescartera intentó acordar el 12 de noviembre del 2001 con la sociedad de valores el fin de su contrato, después de haber dejado de trabajar el día 20 de julio del 2001, cuando fueron precintadas por orden judicial las instalaciones de la empresa.

La sentencia del TS refleja que Javier Sierra de la Flor "fue obligado a desalojar su puesto de trabajo" y ha permanecido, desde entonces, "sin ocupación efectiva", "sin percibir salario alguno" y sin haber recibido siquiera "un despido tácito".

Los hechos "permiten pensar en la posibilidad de que el empresario -que según los autos estaba en la cárcel- no sólo no le hubiera manifestado su voluntad de extinguir el contrato sino su esperanza de reanudar la actividad empresarial", dice la resolución.

En un primer momento, el Juzgado de lo Social número 34 de Madrid desestimó la demanda de Sierra de la Flor, que posteriormente consiguió una sentencia favorable a sus intereses en un recurso de súplica ante el TSJ de Madrid.

Testigo en el caso

Sierra de la Flor fue uno de los testigos que compareció ante la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios en el denominado caso Gescartera e intervino en la Comisión de Investigación que se formó en el Congreso de los Diputados para analizar las operaciones de esta agencia de valores.

El escándalo de Gescartera, en la que desaparecieron gran parte de los ahorros de unos 2.000 clientes, se remonta al 14 de junio de 2001, cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) intervino la agencia ante la imposibilidad de conocer su situación económica.

Esta intervención descubrió un "agujero" patrimonial en la entidad, que en principio se cifró en unos 80 millones de euros, lo que originó que el caso pasara a manos de la juez Teresa Palacios, que desde la Audiencia Nacional se hizo cargo de la investigación judicial.

En estos momentos, el propietario de la agencia de valores Gescartera, Antonio Camacho, es el único de los imputados que se encuentra en prisión, donde ingresó en julio del 2001.