Camacho asegura que la CNMV conocía lo que pasaba en Gescartera desde 1993

Antonio Camacho, propietario de Gescartera, compareció hoy durante cerca de siete horas en la Audiencia Nacional a petición propia, donde había prometido contar todo sobre las relaciones que mantenía con la CNMV y con los bancos y gestoras con las que operaba. Ocho meses después de su última declaración ante la juez Teresa Palacios, se presentó por quinta vez en dicha instancia, vestido con traje gris y camisa blanca procedente de la cárcel de Soto del Real (Madrid), donde permanece en prisión preventiva desde el 16 de julio de 2001. Y donde, al parecer, redactó un guión que no dudó en seguir punto por punto.

Primero, rebatió el resultado del informe de los peritos del Banco de España, a los que tildó de "parciales", que le atribuyen la apropiación de 7,21 millones de euros en cheques al portador procedentes de la agencia de valores y defendido que aportó más dinero del que se llevó. Básicamente, ofreció una versión similar a la que mantuvo Jesús Gil en el juicio por el caso Atlético.

A ese respecto, indicó a la magistrada que los bancos deben tener constancia documental de estas supuestas aportaciones que realizó, por lo que instó a que, a través de su Juzgado, se requiera los supuestos justificantes de las principales entidades bancarias que trabajaron con Gescartera (Caja Madrid, La Caixa, Bankinter y HSBC). Al ex director general de esta última en España Salvador Pastor, aseguró haberle pagado una letra de entrada para la compra de dos parcelas de más de 42.000 euros.

Después, Camacho sostuvo que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) conocía desde 1993 el desfase patrimonial de 12,02 millones existente en la agencia, según han confirmado fuentes jurídicas. En ese sentido, indicó que la entonces sociedad de gestión de carteras, al estar sujeta a inspecciones del regulador, debía remitirle informes semestrales en los que daba cuenta del estado financiero.

También Hacienda debía de estar al corriente, explicó, a tenor de las inspecciones realizadas a las sociedades de su padre, que -según Camacho- ingresaron dinero en Gescartera para cubrir las minusvalías que habían sufrido algunos clientes. Camacho, que aseguró que la Agencia Tributaria poseía siete tomos donde se detallaba el estado patrimonial de Gescartera, rechazó que la presidenta de la agencia, Pilar Giménez-Reyna, hubiera intercedido ante su hermano, el entonces secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez-Reyna, para evitar que se interviniera la entidad.

"Prestamistas"

El acusado mencionó a las mutualidades de la Policía, la Guardia Civil y la Armada, a las que acusó de prestar dinero a la agencia [actividad reservada a las entidades financieras] y de cobrarle por ello intereses "usureros" que llegaron en ocasiones al 300% anual o al 15% mensual. Hasta el momento, no habían sido mencionadas sino como clientes y, por primera vez, aparecen como supuestas "prestamistas" o "clientes de financiación". Actividades que, dijo Camacho, compartieron también los periodistas Roberto Santos y Jesús Carrillo, así como el principal comercial de Gescartera, Aníbal Sardón.

El acusado de ser el máximo responsable de la desaparición del dinero de Gescartera -aún se desconoce el paradero de 108 millones de euros- es el único imputado en el caso que investiga la juez Teresa Palacios que permanece en la cárcel. El pasado enero, la Sala de lo Penal de la Audiencia decidió mantener su situación de prisión condicional eludible bajo fianza por considerar que existe un elevado riesgo de fuga. Rechazó además la petición del letrado de Camacho de rebajar los 1,5 millones de euros impuestos que debe pagar para salir en libertad.