La Audiencia de Madrid investigará a Alierta por presunto uso de información privilegiada
Se acusa al presidente de Telefónica de usar esos datos en la compraventa de acciones de Tabacalera cuando presidía esta compañía
La Audiencia Provincial de Madrid ha corregido el fallo del juzgado de instrucción y le ordena investigar al presidente de Telefónica, César Alierta, por haber utilizado presuntamente información privilegiada cuando era el máximo responsable de Tabacalera. El tribunal excluye, sin embargo, al ex jefe de los servicios jurídicos de la CNMV Antonio Alonso.
El titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, Juan Luis Rodríguez Pons, desestimó el pasado mes de febrero la querella criminal presentada por la Asociación de Consumidores y Usuarios de Servicios Generales de Banca y Bolsa (AUGE) contra César Alierta por un presunto delito de uso de información privilegiada en la compraventa, en 1997, de acciones de Tabacalera. Esta organización recurrió la decisión ante la Audiencia Provincial de Madrid, que ahora corrige al juzgado y le ordena abrir la investigación para esclarecer lo sucedido.
AUGE acusa a Alierta, a su esposa, Ana Cristina Placer, y a su sobrino, Luis Javier Placer, de haber obtenido un beneficio de 309 millones de pesetas mediante la compra de títulos de Tabacalera a partir de mediados de agosto de 1997. La querella, a su vez, se basa en un documento de la Fiscalía Anticorrupción según el cual los títulos de la empresa sufrieron una revalorización superior al 100% en los meses siguientes, debido a la adquisición de la empresa norteamericana Havatampa.
El fallo de la Audiencia Nacional confirma, en cambio, el archivo de la invesitgación contra el entonces jefe de los servicios jurídicos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Antonio Alonso Ureba. Este alto cargo queda exculpado del delito de prevaricación por haber archivado un expediente sobre la operación. Ureba se convirtió en secretario del consejo de Telefónica cuando Alierta fue nombrado presidente.
La decisión inicial del juzgado de instrucción se basaba en un dictamen del fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, en el que se señalaba que la operación no revestía caracteres delictivos y que pedía a la Fiscalía Anticorrupción que no presentara una querella.
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