Nueve estados demandan duras penas contra Microsoft por monopolio

Los abogados de Microsoft y las diez fiscalías que quieren castigar a la compañía han vuelto hoy, lunes, ante la juez Colleen Kollar Kotelly, en un nuevo episodio del juicio sobre las prácticas monopolísticas del gigante de la informática.

Las dos partes han hecho sus presentaciones iniciales en la primera semana de una audiencia que determinará las penas que podrían imponerse a Microsoft. Se espera que el proceso continúe durante unos dos meses.

La juez federal, que ha mantenido una actitud inescrutable en las audiencias, decidirá también la suerte de un arreglo pactado entre la empresa de Bill Gates y el Departamento de Justicia de Estados Unidos acompañado por otros nueve estados que inicialmente se habían querellado también contra Microsoft.

Brendan Sullivan, que encabeza ahora el pelotón de abogados querellantes, ha pedido hoy a la juez que ordene a Microsoft que divulgue la documentación de su explorador de internet para que se desarrolle la competencia en un mercado que Microsoft ha dominado ilegalmente.

"El Internet Explorer, señoría, es el fruto de las violaciones de la ley por parte de Microsoft", ha dicho Sullivan. "Y hay que negárselo".

Las fiscalías de California, Connecticut, Iowa, Florida, Massachusetts, Virginia Occidental, Kansas, Minesota, Utah y el Distrito de Colombia quieren que las prácticas desleales con las cuales Microsoft ha ampliado su hegemonía en el mercado de los programas de computadoras, sean castigadas de forma severa.

Windows 95

Estas fiscalías quieren, además, que Microsoft venda una versión de su sistema operativo Windows -que usa el 95 por ciento de los ordenadores en todo el mundo- que esté libre de todas las aplicaciones, incluidos el explorador de internet Explorer, y programas para escuchar discos y ver vídeos.

En noviembre, el Departamento de Justicia de EEUU y nueve estados llegaron a un pacto que requiere que Microsoft divulgue información técnica clave acerca de Windows para asegurar que los programas que fabrican sus competidoras funcionen en el sistema operativo.

Las fiscalías disidentes sostienen que el pacto negociado entre el gobierno federal y las fiscalías de Illinois, Kentucky, Luisiana, Maryland, Michigan, Nueva York, Carolina del Norte, Ohio y Wisconsin no castiga a Microsoft lo suficiente, ni impide que continúe con sus prácticas ilegales.

Las fiscalías disidentes han convocado como testigos a varios ejecutivos de empresas que fabrican computadoras, entre ellos el abogado Anthony Fama, de Gateway, quien argumentará que las soluciones propuestas por los Estados impedirán que Microsoft favorezca a unos fabricantes sobre otros, según quienes se allanan a sus demandas.

El juicio contra Microsoft por las tácticas que empleaba para imponer el uso de Windows comenzó en 1997. En 2000, el juez federal Thomas Penfield Jackson dictaminó que la firma había incurrido en prácticas ilegales y ordenó que la empresa se dividiera en dos independientes.

Microsoft recurrió al Tribunal Supremo de Justicia que, sin pronunciarse, devolvió el caso a un tribunal federal de apelaciones el cual, a mediados de 2001 ratificó la condena por prácticas comerciales desleales, pero anuló la orden de fractura dada por Penfield, y retiró a este magistrado del caso.

Otro testigo, Michael Mace, ejecutivo principal de Palm, ha preparado el argumento de que Microsoft ha impedido que esa empresa, fabricante de ordenadores de mano, tenga acceso a sus herramientas de desarrollo, al tiempo que Microsoft ha desarrollado un sistema operativo de computadoras de mano que es alternativa al que usa Palm.

También se espera el testimonio de ejecutivos de America Online Time Warner -el gigante de internet y medios de difusión- que ya habían presentado demandas contra Microsoft por los supuestos perjuicios que han sufrido debido a las prácticas monopolísticas.