La presidenta de Gescartera declarará hoy como imputada en la Audiencia Nacional
La juez Teresa Palacios intentará esclarecer el destino que se le ha dado a los desaparecidos 13.000 millones de pesetas de los inversores
La titular del juzgado central de instrucción número 3 también ha citado como imputados al consejero Francisco Javier Sierra Flor y al consejero delegado de Gescartera Dinero, Jose Manuel Pichel, que además forma parte del consejo en representación de la Fundación ONCE, que cuenta con el 10 % del capital de la agencia.
Teresa Palacios ya tomó declaración el pasado jueves al máximo accionista de Gescartera, Antonio Rafael Camacho, a quien ordenó su inmediato ingreso en prisión por su responsabilidad en la desaparición de los 13.000 millones.
La presidenta de Gescartera Dinero, hermana del actual secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez-Reyna, será interrogada por la juez y el fiscal del caso, Salvador Viada, sobre el destino que se ha dado a los 13.000 millones de pesetas (78 millones de euros) de inversores que no aparecen.
Precisamente, Enrique Giménez-Reyna es uno de los clientes afectados por la crisis de Gescartera, ya que invirtió 1,5 millones en la empresa que preside su hermana, según fuentes del Ministerio de Hacienda.
En este sentido, el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato, ha afirmado que Giménez-Reyna no tiene "ninguna responsabilidad ni publica ni privada en la gestión de esta empresa".
Paraíso fiscal
Según han informado fuentes cercanas al proceso, los administradores han declarado que el dinero depositado por los inversores se ha dirigido a un paraíso fiscal, y en unos días podrían recuperarlo.
Sin embargo, esta es la versión que vienen ofreciendo desde que la Comisión Nacional del Mercado de Valores intervino la agencia de valores, hace un mes, sin que el dinero haya sido reembolsado desde entonces.
La juez también tomó declaración el pasado lunes a los dos interventores nombrados por la CNMV, quienes relataron los pormenores de la intervención de este grupo.
Además del "agujero" patrimonial de esta agencia, que corresponde a la práctica totalidad de las inversiones realizadas por sus clientes, los interventores pusieron de manifiesto las discrepancias contables entre las posiciones de los clientes y lo reflejado en los libros de esta sociedad.
También ha comparecido ante la juez un representante de los servicios jurídicos del organismo supervisor, para ratificar la demanda interpuesta contra Gescartera en el momento de su intervención.
Uno de los principales clientes conocidos de Gescartera es la Fundación ONCE -a su vez accionista en esta agencia, con un 10 % del capital-, presentaba una querella criminal contra los apoderados de la agencia de valores, donde tiene depositados unos 500 millones de pesetas.
La juez Teresa Palacios ha dado traslado al fiscal de esta querella, para que dé su opinión y posteriormente decidir si la admite a trámite.
La Fundación ONCE justifica esta querella en que le ha sido imposible recuperar las cantidades que tenía depositadas en esta sociedad, y por ello acusa a ambos apoderados de un delito continuado de apropiación indebida, delito societario y falsedad en documento mercantil.
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